Madura un proyecto de ley para declarar a la telefonía móvil como servicio público
"Se deben duplicar y mejorar las antenas, cuidando la salud humana y la ecología", ejemplificó Ariel Grabarz, coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática.
Después de muchos años de amagos, discusiones, lobbies empresarios, marchas y contramarchas, en ambas Cámaras legislativas se trata la cuestión. En base a datos oficiales, se calcula que en Argentina existen alrededor de 60 millones de líneas, aunque las potencialmente activas serían alrededor de 40 millones, es decir, una por habitante, explicó por Continental Ariel Garbarz, coordinador del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática.
En La Mañana, explicó que actualmente el servicio de telefonía "está completamente sin regulación, las empresas ponen las tarifas que quieren y con la nueva iniciativa, se establecerá que no podrá haber aumento automático de costos". Asimismo, el Gobierno "establecerá cómo debe ser la infraestructura tecnológica, cada vez es más difícil comunicarse y cobran un servicio que no brindan", dijo y añadió que "se deben duplicar y mejorar las antenas, cuidar la salud humana y la ecología, con antenas que no produzcan daños".
La semana pasada se comenzó a debatir en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado una serie de proyectos de ley tendientes a declarar como servicio público la telefonía móvil. Si bien por una medida administrativa la Comisión Nacional de Comunicaciones tiene potestad sobre el régimen tarifario, la idea que crece es aprobarla por ley. Los proyectos que pusieron a discusión son los que firmaron los senadores Juan Manuel Irrazábal (FpV), Carlos Verna (PJ-La Pampa), Eugenio Artaza (UCR), Graciela Di Perna (PJ-Chubut), Rubén Giustiniani (socialista) y Gerardo Morales (UCR).
Mientras tanto, los diputados nacionales Adriana Puigross y Hernán Avoscan (FpV) presentaron hace una semana un proyecto de ley en igual sentido, para que el Estado adopte medidas regulatorias vinculadas a las tarifas y los estándares de la prestación básica y obligatoria.