Más de 9.400 empleados públicos eran beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo
El Ministerio de Capital Humano dio de baja a 4.588 beneficiarios y está revisando los cruces de datos realizados mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social.
Más de nueve mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron identificados como beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, lo que generó una situación de incompatibilidad. Según la investigación preliminar del fiscal federal Guillermo Marijuán, el total de casos asciende a 9.413 personas. Ante esta situación, el Ministerio de Capital Humano dio de baja a 4.588 beneficiarios y está revisando los cruces de datos realizados mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
La investigación, que lleva la carátula de "defraudación contra la Administración Pública", revela que el desfalco al Estado Nacional superaba los siete mil millones de pesos al mes, totalizando alrededor de 84.000 millones de pesos anualizados, sin contar bonos extras y aguinaldos.
La provincia de Buenos Aires es la que registra el mayor número de empleados públicos beneficiarios del programa, con 2.243 casos. Le siguen Tucumán con 1.145, La Rioja con 1.060, y otras provincias con cifras menores.
Ante esta situación, el fiscal Marijuán solicitó la suspensión de los planes involucrados y el reempadronamiento de los beneficiarios para cesar los efectos del delito. El programa Potenciar Trabajo fue disuelto y reemplazado por dos nuevos programas: "Volver al Trabajo" y "Acompañamiento Social", con el objetivo de mejorar la efectividad y adaptarse a las necesidades de los beneficiarios.
El Ministerio de Capital Humano ha modificado los requisitos de ingreso a los programas, eliminando restricciones como la obligación de realizar actividades comunitarias y permitiendo a los titulares cobrar hasta tres salarios mínimos. También se han implementado cambios en la distribución de fondos destinados a emprendimientos laborales que dependen de cooperativas y organizaciones sociales.
En este contexto, se espera que la justicia investigue a los funcionarios responsables de no controlar las irregularidades en el programa Potenciar Trabajo, que estaba destinado a ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad.