El presidente Javier Milei ha tomado la decisión de firmar un decreto que tiene como finalidad "declarar a Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización". Esta medida se enmarca en el objetivo de transferir la compañía estatal a manos privadas. El Gobierno fundamenta esta acción en el artículo 9° de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, promulgada durante la gestión del expresidente Carlos Menem. Se prevé que el decreto sea publicado en el Boletín Oficial la próxima semana, tras lo cual se comunicará al Congreso de la Nación. Este último deberá otorgarle el trámite parlamentario de preferencia para la sanción de la ley correspondiente.

Aerolíneas Argentinas, que había sido excluida de la lista de empresas a privatizar en la Ley de Bases, regresa al centro del debate sobre privatizaciones en Argentina, en el contexto de un creciente conflicto con los gremios aeronáuticos, que ha llevado a una serie de paros en las últimas semanas. Esta decisión del Gobierno implica establecer una postura que podría superar los proyectos presentados previamente por los bloques del PRO y la UCR, los cuales también buscan la privatización de la aerolínea nacional.

El proyecto del PRO, presentado por el diputado Hernán Lombardi, también declara a Aerolíneas Argentinas “sujeta a privatización” bajo los términos establecidos en la Ley 23.696. Este proyecto autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización” de la empresa. Por su parte, la Coalición Cívica, a través de su jefe de bloque, Juan Manuel López, ha presentado una iniciativa que establece que, al privatizar la aerolínea, se deben considerar las disposiciones de la Ley 23.696 y sus modificaciones, así como las estipulaciones de los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742, que trata sobre Bases y Puntos de Partida para los Argentinos.

En una conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la decisión del Gobierno al señalar que Aerolíneas Argentinas "arrastra un déficit crónico" debido a las gestiones de administraciones previas que se consideran "populistas". Adorni destacó que esta situación ha llevado a la necesidad de realizar constantes transferencias de recursos públicos, lo que podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país.