Tapia explicó que para que la Ciudad asuma la competencia de alojar detenidos de la Justicia nacional es necesario un acuerdo con el Estado Nacional que incluya la transferencia de recursos y la creación de un Servicio Penitenciario local con la infraestructura y el personal adecuados: “Hasta que eso ocurra, la responsabilidad exclusiva recae en el Estado Nacional a través del Ministerio de Seguridad y del Servicio Penitenciario Federal”.