Legislador del macrismo Martín Ocampo, adalid del proyecto de traspaso del subte confeccionado por el PRO, ratificó que si, antes del 1 de enero, la Legislatura porteña no aprueba la ley, el subte "seguirá administrado por el Gobierno nacional".

Ocampo afirmó que el PRO está "dispuesto a conversar" con la oposición, aunque "no a modificar la esencia del espíritu" de la norma porque la Ciudad necesita una "herramienta para poder gestionar" el servicio.

De cara a la sesión extraordinaria del próximo miércoles, Ocampo coincidió con las advertencias formuladas el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, quien aseguró que sin la ley de subtes "no hay traspaso" desde la órbita de la Nación porque "no podemos aceptar ningún servicio nuevo en la Ciudad sin el aval de la Legislatura".

"Estamos complicados: si no se aprueba (la norma), el 1 de enero los subtes seguirán siendo administrados por el Gobierno nacional", confirmó Ocampo esta mañana.

Al expresar que desde el macrismo "tenemos que buscar mecanismos que acerquen posiciones" con las otras fuerzas políticas, el referente del PRO destacó: "Estamos dispuestos a conversar, lo que no estamos dispuestos es a modificar la esencia del espíritu, porque nosotros somos quienes estamos gobernando y necesitamos esa herramienta para poder gestionar el subte".

Y, resumió el tema de esta manera: "Se necesita, primero, tener una fuente de financiamiento que garantice la prestación del servicio en forma sustentable y, segundo, resolver el tema de la conflictividad gremial". Este último punto tiene que ver con la intención del macrismo de poner límites a las huelgas de los trabajadores del sector, al declararlo como servicio esencial, pese a que esa postura contraviene los parámetros fijados por la Organización Internacional del Trabajo.

"A nadie le gusta generar mecanismos que condicionen el ejercicio de ciertos derechos, pero lo cierto es que hay un problema (gremial). Por eso planteamos la prestación de servicios mínimos durante la huelga porque, si no, la Ciudad colapsa cada vez que para el subterráneo", argumentó.

Ocampo explicó que, además de este primer tema referido a la restricción del derecho de huelga, hoy otros dos "puntos conflictivos" que impiden consensuar con la oposición la aprobación de la ley del traspaso del subte. Uno es el financiamiento y "la tercera diferencia, y por ahí la más importante, es que la oposición nos está planteado la continuidad el contrato de Metrovías -que viene funcionando desde el año '94- y nosotros le decimos que no, que ese contrato tiene muchas contingencias y que tenemos que tener un nuevo marco contractual, sea con Metrovías o con cualquier otro prestador".

El legislador explicó que a la "transición" entre el traspaso del subte a la Ciudad "le sigue un procedimiento de contrataciones que puede terminar en Metrovías, en un tercer operador o la prestación por parte del Estado del servicio, para lo cual la ley prevé la constitución de una sociedad anónima de capital estatal para la prestación del servicio".

"Esa es la propuesta nuestra, que incluye varias alternativas como por ejemplo en vez de concesionar el servicio a una S.A, a un prestador, hacer directamente la transferencia del paquete accionario de la nueva sociedad", indicó.