El juez federal Luis Rodríguez ordenó analizar los llamados entrantes y salientes del subsecretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Liuzzi, en el marco de la investigación por su contacto con el juez federal Norberto Oyarbide que derivó en la suspensión de un allanamiento en una financiera.

Se trata del operativo del 19 de diciembre de 2013, cuando Oyarbide suspendió un allanamiento que él mismo había ordenado en la financiera Propyme luego de recibir el llamado de Liuzzi, quien le advirtió que el dueño de la firma estaba siendo extorsionado por los policías a cargo.

El análisis de las comunicaciones en la causa son clave y en ese sentido, el juez Rodríguez recibió informes de compañías telefónicas de celulares que arrojaron que a nombre de Liuzzi hay ocho líneas, de Oyarbide ninguna y del secretario de este último, Carlos Leiva, unas cuatro.

De esas 12 líneas, de Liuzzi y Leiva, el juez pidió que se establezcan las comunicaciones entrantes y salientes por medios telefónicos, de mensajes de texto y radial, y también que se tenga en cuenta la ubicación que arrojan las antenas y celdas.

Asimismo, el juez Rodríguez pidió conocer el listado de llamados que hizo ese 19 de diciembre el empresario Guillermo Greppi, dueño de Propyme, luego de que -según denunciara- los policías a cargo del operativo le exigieran un soborno de 300 mil dólares a cambio de frenarlo.

Por otra parte, el juez pidió al director nacional de la Gendarmería, comandante Enrique Zach, que informe sobre los custodios de esa fuerza que estuvieron junto a Oyarbide ese día, pues el magistrado es acompañado a diario por varios agentes en su traslado a los Tribunales e, incluso, en el interior del edificio.

Esta causa se inició por una denuncia de los legisladores radicales José Cano, Manuel Garrido y Mario Negri, quienes advirtieron que llamaba "poderosamente la atención" que el juez decidiera "interrumpir un procedimiento que él mismo fundamentó con el solo pretexto de que una dependencia del Poder Ejecutivo le merece toda la confianza ", tal como argumentó Oyarbide.

De hecho, el magistrado reconoció a la prensa que ordenó suspender el allanamiento tras el llamado del segundo de la Secretaría de Legal y Técnica, y ahora está imputado junto a Liuzzi en el expediente que lleva adelante el juez Rodríguez junto al fiscal federal Ramiro González.