La Secretaría de Derechos Humanos pidió declaraciones indagatorias por la causa Papel Prensa. Solicitó al juez, Julián Ercolini, que cite a la directora de Clarin, Ernestina Herrera de Noble; al CEO del grupo, Héctor Magnetto; al presidente de La Nación, Bartolomé Mitre, al dictador Jorge Rafael Videla y al ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, entre otros imputados.

“El Estado pide que se tome declaración indagatoria a los acusados Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos, Hugo Fernando Peralta Ramos, Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Reinaldo Gregorio Bandini y Raimundo Podestá”, detalla la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.

Por Continental, Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos, explicó que “se requiere también que la Justicia prohíba la salida del país a los denunciados en la querella de Papel Prensa”, como así también “se diligencien una serie de medidas probatorias por la apropiación de la empresa Papel Prensa”.

La presentación judicial es suscripta también por el subsecretario de Protección, Luis Alén; con el patrocinio de la directora nacional de Asuntos Jurídicos, Andrea Gualde, y del abogado Claudio Orosz.

El comunicado explica también que en el escrito presentado ante el tribunal que entiende la causa, iniciada en marzo de 2010 por el entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, se solicitaron también una serie de medidas apuntadas a la agilización de las acciones judiciales.

Y que el pedido de indagatoria “sucede luego de que en noviembre pasado el juez Ercolini se aboque a la causa por decisión de la Cámara de Casación Penal, lo que implica que el juez debe proceder de forma inmediata para evitar nuevas dilaciones indebidas y, con la sólida prueba ya obrante en el sumario, se indague a la brevedad”.

La causa judicial investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad durante la venta de las acciones de Papel Prensa SA, propiedad del Grupo Graiver, en favor de las empresas La Nación SA, Clarín y La Razón SA, ocurridas durante la última dictadura cívico-militar, en la que son querellantes la viuda de David Graiver -Lidia Papaleo- y la Secretaría de Derechos Humanos.