Petovello presentó 1.800 denuncias por "extorsiones y amenazas" sindicales
Estas acusaciones apuntan a referentes de agrupaciones que supuestamente obligaron a personas a asistir a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 24 de enero, en protesta contra la Ley 'Bases' y el DNU 70/2023.
El Ministerio de Capital Humano presentó recientemente más de 1.800 denuncias por extorsiones y amenazas ante la justicia. Estas acusaciones apuntan a referentes de agrupaciones que supuestamente obligaron a personas a asistir a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 24 de enero, en protesta contra la Ley 'Bases' y el DNU 70/2023.
Según el comunicado emitido por el Ministerio, las denuncias presentadas ante el juzgado federal 8 abarcan situaciones en las que los referentes de agrupaciones presuntamente sometieron a extorsiones y maltratos a sus miembros, obligándolos a participar en las marchas y movilizaciones. Se destaca que las denuncias fueron recibidas a través de la línea 134, y entre los principales reclamos se encuentran los de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, quienes habrían sido coaccionados a asistir a las concentraciones bajo amenazas de perder el plan o no certificar su día de trabajo.
Además, se informa que algunos referentes retienen el 2% de la asignación de los beneficiarios o los obligan a realizar aportes económicos de entre 2.000 y 5.000 pesos en apoyo al movimiento. También se señalan denuncias de personas que figuran como empleados públicos pero no trabajan, recibiendo sueldos elevados pero percibiendo solo una fracción, ya que el resto queda en manos de un 'apoderado' que firma sus recibos de sueldo y el presentismo.
Asimismo, se menciona una denuncia particular en la que se indica que una persona trabajaba en una cooperativa que recibía mercadería del Ministerio de Capital Humano para armar bolsas que luego eran vendidas a 3.500 pesos.
Estas acusaciones presentan una situación preocupante en relación a la supuesta coerción y manipulación ejercida sobre los beneficiarios de programas sociales y trabajadores, así como posibles irregularidades en la administración de recursos.