Carlos Rívolo es el fiscal que investiga a Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito. Y la semana pasada pidió, por sexta vez, que el ex secretario de Transporte del kirchnerismo sea indagado por ese delito. Los primeros pedidos se los hizo al juez Norberto Oyarbide, que desde 2008 cuando comenzó la causa hasta octubre de 2012 estuvo a cargo de la investigación. Desde el año pasado el juez es Sebastián Casanello, quien tendrá que resolver ante el pedido de Rívolo.

El fiscal reiteró el pedido luego de rechazar un planteo de nulidad que hizo la defensa de Jaime porque al ex funcionario se le solicitó que justifique cómo hizo para comprar un yate de un millón de dólares. En otra maniobra dilatoria, Jaime, planteó la nulidad de esa parte de la investigación. Rívolo se opuso y ahora Casanello debe decidir. Una vez resuelta esa controversia el juez podría llamar a indagatoria a Jaime y a sus familiares cercanos.

Ya no queda mucho por hacer en la causa. Hace poco tiempo llegó al despacho de Casanello un peritaje realizado por el cuerpo de contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde se señala que Jaime no pudo justificar el incremento de su patrimonio. Lo mismo sucedió con los familiares que fueron investigados por la Justicia.

Por eso Rívolo pidió que declaren Jaime, sus hijas Romina, Julieta y Gimena, su ex esposa Silvia Reyss y las hijas de ella: Agostina y Lorena Jayo. En la lista de testaferros, "personas interpuestas para el enriquecimiento", como se llama legalmente a los testaferros, también está uno de los hermanos de Jaime, Daniel, y quien fuera su suegra María Filomena Pfaffen.

Según determinó la investigación, a todos ellos les fue muy bien durante los años en los que Jaime repartía subsidios al transporte y decidía quién hacía la obra pública ferroviaria en la Argentina. Casi todos aumentaron su patrimonio sin la debida justificación. Pfaffen, madre de Reyss tiene más de 80 años y vive en Río Gallegos. A su nombre, un empresario al que Jaime debía controlar, compró una casa de fin de semana en San Isidro. Ella, jubilada, intentó justificar la adquisición de esa casa con pileta y gimnasio, con la facturación de un taxi que su marido explotaba en la capital sureña. Pero no pudo.

Rívolo también pidió la indagatoria de Carlos Lluch y Raúl Viola, quienes participaron de la compra de un yate que, se sospecha, fue a parar a manos de Jaime. Ambos imputados pertenecen a la estructura de la empresa Trenes de Buenos Aires, que explotaba ferrocarriles bajo la supervisión de Jaime.

El pedido de Rívolo debería acelerar una causa judicial que lleva más de cinco años de investigación. Será Casanello quien decida los tiempos de un expediente donde hay enormes huellas de corrupción que caracterizan el paso de Jaime por la secretaría de Transporte del kirchnerismo.