La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú le reclamó este sábado al Gobierno "actuar" ante las "trabas e irregularidades" por parte de Uruguay y la pastera finlandesa UPM-Botnia para que se realicen los monitoreos sobre posible contaminación en el río compartido y el ambiente.

En ese marco, la asamblea pidió una reunión "urgente" con la Cancillería, tras la declaración de ese ministerio que acusó el miércoles a Uruguay de incumplir la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya. "Ya no bastan las palabras", dijo la Asamblea en un comunicado y alertó que "es tiempo de actuar".

Asimismo, demandó que el gobernador entrerriano, el kirchnerista Sergio Urribarri "abandone su actitud de espectador del conflicto y se involucre acorde a sus deberes". "Para que las declaraciones y comunicados del gobierno argentino no queden sólo en palabras, deben hablar los hechos.

Esperamos respuesta", dijo la Asamblea en su pronunciamiento. Los asambleístas pidieron que "se acuerde una agenda de trabajo en común entre la Cancillería y la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú" para aunar "esfuerzos entre todos para que la posición de la Argentina sea una sola".

Al respecto, reclamó denunciar "ante los organismos internacionales las inacciones, trabas e irregularidades cometidas por el gobierno uruguayo y la empresa UPM-Botnia en el monitoreo y control de esta pastera y del río Uruguay". La asamblea solicitó también que "todos y cada de uno de los funcionarios argentinos que tienen conocimiento político y/o científico sobre el accionar del Uruguay en el seno de la C.A.R.U. y en el Comité Científico, se presenten ante el juez federal de Concepción del Uruguay para brindar testimonio ante el magistrado en la causa penal que allí se tramita contra Botnia por tentativa de contaminación".

En su comunicado, la entidad ambiental advirtió que "este ida y vuelta entre las Cancillerías pone al desnudo el fracaso de un modelo que, tal como lo denunciáramos oportunamente, lleva el germen de la decepción y la frustración". "La Asamblea nunca aceptó el monitoreo, sin embargo, tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, se acató dicho fallo que dispuso, entre otras cosas, el control continuo de la planta de Botnia y el sector circundante del río Uruguay", recordó.

De esta manera, acotó, "se propuso a la Cancillería argentina un plan de monitoreo que fue, lisa y llanamente, ignorado". La Asamblea también cuestionó al gobierno nacional al recordar que durante "dos años donde se nos condenó al silencio y al ostracismo, se negó nuestro derecho ciudadano al acceso a la información pública, se nos persiguió en la justicia, se nos dio la espalda negándose la Cancillería a recibirnos y se incumplieron sistemáticamente las promesas del gobierno".

El asambleísta Oscar Bargas manifestó que "han transcurrido años de contaminación que pudieron haberse evitado", mientras su colega Gustavo Rivollier indicó que le "preocupa que no caigamos en la trampa uruguaya que minimiza este problema a una cuestión de producción o de temperatura del agua".

Juan Veronesi, otro de los asambleístas, remarcó que "las multinacionales han sido las triunfantes en los últimos años, ya que Botnia siguió su curso sin que ambos países pudieran establecer su autoridad como Estado y hacer lo que correspondía de acuerdo al mandato de La Haya".