La diputada Gabriela Alegre presentó un proyecto de ley que aborda la regulación en la Ciudad de los derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, para aceptar o rechazar determinadas terapias o tratamientos médicos o biológicos.

La iniciativa busca darle continuidad al debate que hace años se sucede en la Legislatura, dentro de la Comisión de Salud, pero que no alcanzó nunca a ser discutido en el recinto de sesiones para poder sancionar una norma local en torno a la muerte digna.

En ese sentido, Alegre, quien preside el bloque del Frente para la Victoria en el Parlamento, dio estado legislativo a un nuevo proyecto que establece que "toda persona tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad".

Contempla además que "toda persona tiene derecho a acceder a cuidados paliativos" así como obliga a "garantizar la adopción de las mejores prácticas tendientes al control y alivio del dolor y el sufrimiento de la persona, incluidas, entre otras, la sedación paliativa".

Entre su articulado, el proyecto sostiene que el derecho a disponer anticipadamente sobre su salud debe manifestarse "de forma escrita, datada y fehaciente" y remarca que "es válido el consentimiento de la persona a partir de los 14 años".

La directiva de voluntad anticipada, en tanto, debe precisar "las manifestaciones expresas en cuanto a aceptar o rechazar procedimientos terapéuticos o diagnósticos, quirúrgicos, de hidratación, alimentación y de reanimación artificial"

También contemla "el retiro de medidas de soporte vital en caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad.

Además, esta decisión debe ser respetada por el médico o la institución sanitaria tratante y debe contemplar una cláusula que exima de responsabilidad a los profesionales de la salud.

"El objetivo principal es que en todos los hospitales de la ciudad, públicos o privados, las personas puedan ejercer su derecho a la autonomía y que se las respete como sujetos dignos con capacidades de decidir sobre su cuerpo" precisó Alegre.

La legisladora sostuvo que con esta normativa "pretendemos dar certezas a los profesionales de la salud sobre cómo proceder en el ámbito de la Ciudad. La toma de decisiones en el ámbito de la salud es una práctica cotidiana. Sin embargo, los profesionales actuantes no siempre cuentan con la regulación normativa precisa".

"Entendemos que más tarde o más temprano, la discusión sobre el ejercicio del derecho a la autonomía y a la dignidad en el final de la vida debe darse", destacó Alegre.

Precisó además que "la vida es un derecho, por lo que creemos que nadie debería transitar dolor y padecimientos sobre el final de sus días, sino está realmente dispuesto.