Principio de acuerdo para postergar el desalojo de la Casa Santa Cruz
Se abrirá un lapso de cinco días para encontrar alternativas habitacionales. Desde 2004, varias familias se han instalado allí, sumando alrededor de 350 adultos y más de 100 niños y adolescentes. El edificio cuenta con servicios básicos como agua, luz y cloacas.
Cerca de 500 personas que viven en la Casa Santa Cruz, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, se encontraban a la espera de una respuesta del juez a cargo de la causa luego de que se alcanzara un principio de acuerdo entre las partes. Este acuerdo abriría una mesa de negociación durante cinco días para buscar soluciones alternativas a la situación habitacional.
La Casa Santa Cruz es un edificio de seis pisos donde solía funcionar la fábrica de toallas Selsa. Desde 2004, varias familias se han instalado allí, sumando alrededor de 350 adultos y más de 100 niños y adolescentes. El edificio cuenta con servicios básicos como agua, luz y cloacas.
La mañana del martes, la Policía de la Ciudad desplegó un megaoperativo para llevar a cabo el desalojo ordenado por la justicia. Sin embargo, se espera que el acuerdo alcanzado entre las partes sea aprobado por el juez, lo que permitiría suspender el desalojo y abrir un período de negociación.
Diversos actores han expresado su preocupación por la situación de estas familias y han instado al gobierno a buscar una solución habitacional adecuada. La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, ha manifestado su oposición a que los niños y niñas sean trasladados a paradores o hoteles, considerando que estas no son condiciones dignas. Por su parte, el diputado nacional Itaí Hagman ha destacado la necesidad de buscar una solución habitacional para estas más de 100 familias en lugar de optar por el desalojo.
El conflicto en torno a la Casa Santa Cruz es de larga data, y a lo largo de los años ha habido intentos anteriores de desalojo. Las familias han intentado buscar soluciones, como constituirse como cooperativa o inscribirse en programas de autogestión para la construcción de viviendas, pero hasta el momento no han obtenido una respuesta definitiva por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.