El titular del Programa de Atención Medica Integral (PAMI), Luciano Di Cesare, fue procesado en la causa que investiga el uso de fondos de la entidad para comprar letras del Estado en lugar de garantizar las prestaciones para jubilados.

Al tomar la decisión, el juez Claudio Bonadio argumentó que el PAMI sólo podría legalmente financiar al Estado si prestara un servicio de calidad y tuviera excedentes, algo que no sucedió.

Como parte de la investigación, el magistrado indagó también al ex ministro de Economía Hernán Lorenzino, al ex titular del Banco Central Juan Carlos Fábrega y a tres gerentes del PAMI: Carlos Ariel Lieutier, Pedro Miguel Insausti y Danilo Carlos Zelaya. A Lorenzino, el juez Bonadio le dictó falta de mérito, mientras que los otros cuatro funcionarios fueron sobreseídos.

Bonadio dispuso además "trabar formal embargo, sobre los bienes y dineros del nombrado, suficientes hasta cubrir la suma de pesos" contra Di Cesare y ordenó que se presente en su tribunal "dentro de las 72 horas de anoticiado, con el objeto de notificarlo, imponerlo del embargo y extraerle triple juego de fichas dactilares", según el fallo.

“El juez probó que han usado el PAMI para financiar el tesoro nacional de forma ilegal mientras no pagaban prestaciones que debían recibir los jubilados”, remarcó Graciela Ocaña, actual diputada y ex ministra de Salud Nacional.