La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego confirmó los procesamientos, sin prisión preventiva, de 34 docentes y camioneros que formaron parte del ataque y posterior toma de la Casa de Gobierno de la Provincia, el 23 de mayo de 2013, en medio de una protesta por reclamos salariales.

Los camaristas Jorge Luis Jofré, Julián De Martino y Walter Tabarez Guerrero ratificaron de esta forma el pronunciamiento que había dictado el juez de primera instancia Javier De Gamas Soler, el 5 de diciembre del año pasado, en el que se enunciaron las primeras responsabilidades penales por los hechos donde resultaron heridos 19 policías y se produjeron todo tipo de destrozos al edificio gubernamental.

La resolución de Cámara dictada el pasado miércoles 17, pero cuyo contenido trascendió hoy, avaló las acusaciones contra los 17 integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Fueguina (Sutef) y 17 miembros del gremio de Camioneros, imputados de delitos como atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y leves, y daños agravados, entre otros.

Inclusive el Tribunal de Alzada se inclinó por algunas calificaciones más graves que las determinadas por el juez De Gamas Soler, aunque no las modificó porque no habían sido objeto de apelación por parte de la Fiscalía, indicaron a Télam fuentes judiciales.

La lista de procesados incluye a varias autoridades sindicales, entre ellas, el secretario general del Sutef, Raúl Amado Arce, y el secretario gremial de esa organización, Horacio Gustavo Catena, además del secretario de Camioneros, Daniel Esteban Capdevila.

Catena, incluso, está imputado por la agresión a una mujer policía durante un forcejeo ocurrido en el interior de la Casa de Gobierno, donde los docentes permanecieron durante una semana después de haber vencido la custodia del edificio y de haber tomado el control total de las instalaciones.

La confirmación del auto de procesamiento por parte de la Cámara implica que el caso se encamina hacia un juicio oral y público en que deberán dirimirse las imputaciones penales “prima facie” adjudicadas a cada uno de los involucrados.

Sin embargo, aunque ya fue rechazada en una oportunidad anterior, la defensa puede volver a plantear la instancia de una Mediación Judicial para evitar el juicio, señalaron las fuentes.

El fallo de 68 páginas separó las imputaciones que pesan sobre los atacantes identificados por videofilmaciones, quienes protagonizaron hechos de violencia frente al edificio gubernamental entre las 12 y las 13 del 23 de mayo del año pasado.

En aquel momento, una manifestación del Sutef con el apoyo de Camioneros enfrentó a la custodia policial a golpes, patadas y arrojando todo tipo de elementos contundentes.

Como consecuencia de la refriega hubo 19 policías heridos, de los cuales Jonathan Dutrá y Leandro Pérez Soriano llevaron la peor parte, ya que el primero sufrió un “edema pre auricular derecha, limitación de apertura bucal, contusión de codo y hombro derecho y contusión con excoriaciones en cara anterior del muslo izquierdo”, mientras que el segundo evidenció “traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento con posterior cefalea holocreaneana intensa”, señalaron las pericias oficiales agregadas al expediente.

El dirigente Catena fue acusado de haber agredido a la mujer policía Irene Marin Levin, de mucha menor contextura física que él, ya en el interior del edificio gubernamental.

De acuerdo a testimonios y filmaciones, el gremialista primero amedrentó a la uniformada con la frase: “Reventamos todo, no me importa nada. Vamos a cagar a palo a la policía, no me importa si es mujer”. Y después “empujó fuertemente con ambas manos y todo el peso de su cuerpo a Levin, a la altura de su pecho, provocándole un fuerte dolor”, consigna el fallo judicial que acaba de ser ratificado por la Justicia fueguina.