El Gobierno nacional ha presentado un proyecto de ley ante el Congreso con el objetivo de agilizar los trámites de divorcio en Argentina. Este proyecto propone la posibilidad de disolver el matrimonio a través de un procedimiento administrativo, es decir, sin necesidad de recurrir a la intervención judicial. Sin embargo, esta opción estará disponible únicamente en los casos en que ambos cónyuges consientan en la decisión de divorciarse.

La propuesta busca modificar el artículo 435 del actual Código Civil y Comercial, que actualmente contempla tres causas para la disolución del matrimonio: la muerte de uno de los cónyuges, una sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento, y el divorcio que se declara por vía judicial. Con la nueva normativa, se añadirá un cuarto inciso que permitirá el divorcio en sede administrativa, otorgándole a este procedimiento efectos equivalentes a los del divorcio judicialmente declarado.

Además, esta iniciativa incorpora al artículo 437, que regula la legitimación de la separación, el divorcio en sede administrativa, especificando que este debe ser solicitado de manera conjunta por ambos cónyuges. Para formalizar dicha solicitud, los cónyuges deberán presentarse ante el oficial público a cargo del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas del último domicilio conyugal.

El proyecto de ley cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y del jefe de Gabinete Guillermo Francos. En la introducción del texto se argumenta la necesidad de simplificar el proceso de divorcio, haciéndolo más accesible desde el punto de vista económico y operativo. Se sugiere que la implementación de un divorcio simplificado contribuirá a que los cónyuges puedan disolver su vínculo matrimonial de manera más eficiente, ágil y menos costosa, siempre que exista un acuerdo mutuo.

Por otro lado, se menciona que los divorcios judiciales suelen presentar demoras significativas, lo que puede restringir a las partes en su capacidad de disponer de ciertos bienes durante el tiempo que dure el proceso. Por ende, se argumenta que la posibilidad de derivar estos casos a la vía administrativa podría ayudar a descongestionar el sistema judicial, aliviando la carga de causas acumuladas y permitiendo una resolución más rápida de los conflictos matrimoniales.