El legislador porteño Facundo Del Gaiso, perteneciente a la Coalición Cívica (CC), ha presentado una denuncia penal por extorsión contra Pablo Moyano, secretario adjunto del sindicato de Camioneros. Esta acción se enmarca en el conflicto relacionado con la licitación del servicio de grúas en la Ciudad de Buenos Aires, un evento que se ha visto acompañado por una protesta de los recolectores de residuos, lo que ha resultado en una acumulación notable de basura en las calles de la capital.

Del Gaiso ha mencionado que existen irregularidades en las licitaciones del servicio de grúas; las mismas fueron anuladas por el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Según el legislador, la familia Moyano podría tener influencia sobre algunas de las empresas que participan en este proceso de licitación.

La denuncia ha sido recibida por el Juzgado Federal N° 5, bajo la jurisdicción de la jueza María Eugenia Capuchetti. Afirmó que la acumulación de basura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es consecuencia de lo que él califica como chantajes, y expresó su deseo de terminar con lo que caracteriza como un entorno de presión ejercido por el clan Moyano.

El legislador también mencionó que, tras una disminución en la recolección de basura, se observó una mejora del 30% en el servicio. Según sus palabras, la situación con el servicio de grúas se complicó tras la anulación de la licitación correspondiente. Del Gaiso explicó que la extinción del sistema de grúas en Buenos Aires se debió a una sesión especial en la legislatura, donde se buscaba poner fin a un sistema que había estado en funcionamiento por más de dos décadas.

En su denuncia, Del Gaiso considera que la implementación de medidas de fuerza por parte del sindicato de Camioneros, en el contexto del servicio de recolección de residuos, es incongruente, dado que los supuestos incumplimientos del Gobierno de la Ciudad no han sido formalmente denunciados ante las autoridades pertinentes. El legislador sugiere que las intenciones detrás de estas acciones podrían ser intimidatorias y extorsivas hacia las autoridades locales.

Y argumentó que la medida de fuerza, supuestamente en defensa de los choferes, tiene como objetivo facilitar la adjudicación de la Licitación Pública a las empresas Ashira S.A. y Transportes 9 de Julio S.A., las cuales, según él, están vinculadas al sindicato de Camioneros.