La Cámara Federal porteña reabrió este martes la investigación sobre el rol de Cristina Kirchner en la causa de la Ruta del Dinero K, al aceptar una apelación de la querella al polémico dictamen del fiscal Guillermo Marijuan que pidió el sobreseimiento de la ex presidenta.

La decisión fue tomada con los votos de los jueces de la sala I de ese tribunal de alzada, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. El tercer camarista Eduardo Farah votó en minoría a favor de la decisión del juez Sebastián Casanello de rechazar de plano una apelación de la asociación civil Bases, que es querellante en la causa, contra el sobreseimiento pedido por Marijuan.

Además, la Cámara Federal no hizo lugar al pedido de Cristina Kirchner de apartar al juez Casanello del caso donde el socio de la ex presidenta, Lázaro Báez, fue condenado a 10 años de prisión por el lavado de 55 millones de dólares.

En su resolución, Llorens recordó que en su momento “indiqué que el fiscal había efectuado un análisis sesgado y una evaluación parcial de elementos aislados del proceso, sin que meritara de manera conglobada una serie de elementos colectados en otras actuaciones, como aquellas pruebas que surgieron del alegato de su par en la causa conocida como Vialidad”.

Llorens consideró las pruebas que muestran la sociedad entre Cristina y Báez como “las declaraciones de los imputados colaboradores (entre ellos Leonardo Fariña y Víctor Manzanares), el testamento de Lázaro Báez, las escrituras secuestradas en la escribanía de Ricardo Albornoz”, entre otros. Fariña y el ex contador de los Kirchner se convirtieron en arrepentidos en la causa.

Recordó que en la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mora acusaron a los Kirchner y a los Báez por el direccionamiento de obras públicas por 3.500 millones de dólares lo que “llevó a que ambos fueran condenados por actividades ilícitas vinculadas con la defraudación en perjuicio de la administración pública”.