El oficialismo en el Senado aprobó la ley que declara de interés público la producción y distribución de papel para diarios y que habilita al Estado a incrementar eventualmente su presencia en la empresa Papel Prensa.

El proyecto enviado por el Ejecutivo contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y fue convertido en ley con 41 votos a favor, 26 en contra y una abstención, del senador Agustín Pérez Alsina, del Partido Renovador de Salta.

El debate comenzó a las 13 horas, tal como estaba previsto, luego del cuarto intermedio declarado durante la madrugada tras la aprobación del Presupuesto 2012 y un paquete de leyes económicas y preventivas de delitos fiscales.

La iniciativa busca garantizar a todos los medios gráficos el acceso al insumo en igualdad de precios.

La única abstenció fue de Agustín Pérez Alsina, legislador del Partido Renovador de Salta.

La presidenta de la comisión de Medios de Comunicación, la kirchnerista jujeña Liliana Fellner, respaldó la norma al indicar que existe “una situación de monopolio” de parte de Papel Prensa y dijo que el proyecto apunta a asegurar “a todos los medios de prensa en acceso en igualdad en materia de precios y cantidad del insumo básico”.

En ese contexto, las empresas accionistas del Papel Prensa, empresa en la que también es socio el Estado Nacional, denunciaron que la iniciativa afectará la libertad de expresión al fijar criterios de precios y comercialización, tasa de ganancia e inversiones, control de la importación y tipificar sanciones.

El radical Ernesto Sanz ratificó que su bloque no acompañaría la iniciativa y estimó que el gobierno “tomó un camino equivocado” que es “el camino de la pelea” con los socios mayoritarios de la fábrica, los diarios Clarín y La Nación.

Sanz propuso como alternativa un proyecto elaborado por su bloque, que declara “de interés público” el acceso al insumo y establece un régimen para estimular inversiones con el fin de ampliar la producción de pasta de celulosa en el país.

La adolfista Liliana Negre de Alonso estimó, luego, que “en definitiva lo que estamos generando es una expropiación o generando las condiciones para sea indirecta” la estatización futura de la empresa.

El ex jefe de gabinete, Aníbal Fernández, salió al cruce de los cuestionamientos y señaló que desde que los accionistas privados se hicieron cargo de la empresa hubo “abuso de la posición dominante” y apuntó que la intencionalidad del cuestionado artículo 41 es “abastecer el mercado interno”, por eso establece que, si no se cubren las necesidades, será preciso hacer inversiones, para tener papel “al mismo precio para todos”.

“No hay un componente de revancha”, insistió Fernández.

Para el misionero Luis Petkoff Naidenoff, “este proyecto no establece un interés público, sino uno gubernamental de silenciamiento y control”.