El Senado convirtió en ley el proyecto que modifica el esquema regulatorio del mercado de capitales. La iniciativa fue aprobada por 43 votos a favor y 19 en contra. Su principal objetivo persigue la culminación de la autoregulación de ese sector y le otorga nuevas facultades a la Comisión Nacional de Valores, incluida la de intervenir empresas.

La oposición en pleno se manifestó contra el artículo 20, el cual establece que cuando “resulten vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios” de la empresa que cotiza en bolsa, la CNV podrá “separar a los Órganos de Administración de la entidad en cuestión por un plazo máximo de 180 días”.

El proyecto recibió 19 votos en contra del radicalismo y el peronismo disidente.

No obstante, el Frente Amplio Progresista (FAP) votó a favor de la ley en general por estar de acuerdo con “la mayor regulación estatal” del mercado, aunque también se mostró en contra del polémico artículo 20, introducido en forma inesperada por el bloque del Frente para la Victoria cuando se discutió en Diputados”.

El debate sobre mercado de capitales demandó alrededor de cuatro horas, en la que expusieron una docena de oradores de los principales bloques.

El presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, remarcó la apuesta oficial al control de los fondos financieros y argumentó que "la falta de regulación en Estados Unidos originó la gran crisis económica mundial. Hoy en el mundo se debate el rol de las calificadoras y están en un cuestionamiento total. Hoy mismo nos pone en un nivel de riesgo país altísimo, porque no adoptamos las políticas que ellos pretenden".

El titular de la Comisión de Presupuesto, Aníbal Fernández aseguró que la Bolsa de Comercio "no va a dejar de existir" con la reforma y sostuvo que la ley pretende "incorporar a todos los actores", al garantizar el acceso al mercado bursátil de provincias y las pymes.

Fernández señaló que con el nuevo régimen "los ahorristas minoritarios podrán comprar títulos de empresas argentinas" y que además va a haber "una fortísima participación federal", ya que "las economías regionales van a tener la capacidad de ahorro en la región", apuntó.

Por el radicalismo, Gerardo Morales advirtió contra las consecuencias negativas que podría provocar la aplicación del inciso introducido en último momento en la sesión de Diputados, que autoriza la intervención de veedores con facultad de veto y separación de los órganos de administración de la entidad privada.

El titular de la bancada radical, Luis Naidenoff, manifestó que "profundiza la arbitrariedad y esto no me sorprende de un gobierno que ha acumulado las mayores herramientas a favor de de la discrecionalidad".

El justicialista federal Juan Carlos Romero advirtió que lo que la cláusula logrará será "lo contrario a lo que dice el proyecto" y sostuvo que con la intervención en las empresas privadas "se estará castigando un mercado de capitales que ya viene castigado".

Jaime Linares, del FAP, dijo que a pesar del voto en general de su bloque, "es un disparate jurídico" el artículo 20 porque "puede llegar a atentar contra la libertad individual" y "ser la herramienta que destruya totalmente el mercado de capitales".
"¿Quién va a ir a buscar dinero en la Bolsa para que alguien minoritario, con un pequeño ahorro, pueda intervenir en la empresa?", preguntó, y respondió que "estas son las cosas que a nosotros nos hacen tener una fuerte sospecha que esta ley, con un objetivo que compartimos" puede "ser una regresión" si alguien ejecuta "este artículo 20 en forma discrecional".

La radical Laura Montero criticó que "la regulación no está en manos del Estado sino del Poder Ejecutivo, que dispone de facultades absolutamente discrecionales, con una autoridad de aplicación como la Comisión de Valores que tiene cinco miembros designados por el mismo Poder Ejecutivo".

El justicialista disidente Adolfo Rodríguez Saá advirtió sobre "el peligro para el futuro de la Argentina que no vengan inversiones" y que "sobre cien dólares que se invierte en América Latina, 80 van a Brasil y solo 0,30 a nuestro país".