El Gobierno sospecha que un fideicomiso armado por Jorge Olivera, uno de los dos condenados por delitos de lesa humanidad que se fugaron la semana pasada del Hospital Militar, financia a otros represores prófugos.

Con el objetivo de constatar esa sospecha y, en ese caso, determinar con precisión el alcance de la maniobra, el Gobierno se presentará en la Justicia federal para ampliar la denuncia que el viernes pasado radicó el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para que se investigue el plan que permitió la fuga de Olivera y de Gustavo De Marchi del centro de salud militar ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

La medida fue anunciada este mediodía por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; su par de Defensa, Agustín Rossi, y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella.

Los funcionarios informaron que en la actualidad son 60 los represores que están prófugos de la Justicia. "A nadie escapa que una persona no puede permanecer más de dos días evadida sin apoyo financiero", señaló Alak.