El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja en la implementación de un régimen de subsidios que puede extenderse hasta por 12 meses, destinado a que empresas del sector privado contraten a empleados que queden sin funciones debido a la eliminación o fusión de aproximadamente 60 organismos estatales.

Sturzenegger busca aprovechar la delegación de facultades otorgadas al Ejecutivo por un plazo de 12 meses. Este marco legal permite la eliminación de estructuras dentro del organigrama estatal sin necesidad de aprobación legislativa, salvo en casos específicos. Además, se prevé una reestructuración de la planta permanente, que incluye la posibilidad de poner a disposición a los empleados afectados por la reorganización o la reducción de organismos, en función de una dotación "óptima necesaria".

De acuerdo con la normativa establecida, los empleados que no sean reubicados tendrán la obligación de recibir capacitación o de desempeñar tareas en servicios tercerizados del Estado, manteniendo su salario. Una vez transcurridos los 12 meses, aquellos trabajadores que no formalicen una nueva relación laboral serán desvinculados y recibirán indemnización. El plan también contempla una reubicación voluntaria en el sector privado, aunque se implementará de manera gradual.

“Cuando se fusionan o cierran organismos, ¿qué se hace con el personal? Se garantiza el salario durante 12 meses y, posteriormente, se ofrece una indemnización. Buscamos crear un esquema que permita al trabajador, en ese período, acercarse a una empresa privada y decir: 'Pruébame'. Los subsidios de esos 12 meses se destinarán a la empresa, a menos que el trabajador decida recibirlo directamente.”

La propuesta forma parte de la agenda del Consejo de Mayo, que busca reglamentar la reforma laboral y reactivar el capítulo laboral del DNU 70, que se encuentra suspendido por una medida cautelar interpuesta por la CGT. 

Históricamente, han existido intentos similares, aunque en contextos diferentes. En 2016, el gobierno de Mauricio Macri lanzó el Programa de Transformación Productiva (PTP), ofreciendo subsidios a empresas para reubicar trabajadores de plantas en "reconversión". Posteriormente, durante la administración de Alberto Fernández, se implementaron dos programas denominados "Puente al Empleo" para fomentar la contratación de beneficiarios de planes sociales por parte del sector privado. En ambos casos, los resultados no fueron los esperados.

Uno de los principales desafíos que enfrenta la propuesta es la actual recesión económica, que, aunque ha contribuido a la disminución de la inflación, también ha limitado las nuevas contrataciones. Según datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, entre noviembre y marzo se registró una pérdida de 126.000 puestos de trabajo asalariado, distribuidos entre el sector privado (95.000), el público (22.000) y las casas particulares (9.000).

Por otro lado, Sturzenegger también plantea la introducción de un examen adicional para el ingreso a la administración pública. La Ley N° 25.164, que regula el empleo público, establece que para acceder a la carrera administrativa se deben acreditar condiciones de conducta e idoneidad a través de regímenes de selección que garantizan igualdad de oportunidades, publicidad y transparencia. Sin embargo, el ministro considera que el sistema actual de concursos no ha sido efectivo para filtrar a los postulantes. Los cambios propuestos pretenden sortear el control y la participación de los sindicatos, siguiendo un modelo que Sturzenegger aplicó durante su gestión al frente del Banco Ciudad.