El fiscal federal Ramiro González precisó a quiénes se debe investigar por los reiterados cortes de energía registrados en diciembre último, al ampliar una investigación tras una denuncia que hicieron diputados opositores contra Edenor, Edesur, el ENRE y funcionarios del Ministerio de Planificación Federal.
  
González identificó como imputados a los directivos de Edesur, Guillermo Vázquez, Guillermo Reca, Carlos Miguens, Eduardo Escassany y miembros del grupo Caputo; a los de Edenor, Marcelo Midlin y otros; y al ENRE (Ente Nacional Regulador de la
Electricidad) y del Ministerio de Planificación Federal.
  
Se trata de una ampliación de la denuncia puesto que ya el juez federal Luis Rodríguez, ante quien el fiscal hizo esta presentación, lleva adelante otras tres.
  
La misma fue hecha por los diputados Elisa Carrió, Martín Loustau, Alcira Argumedo, Roy Cortina, Ana Carrizo, Fernando Sánchez, el senador Fernado "Pino" Solanas, y los legisladores porteños Hernán Rossi, Maximiliano Ferraro, Hernán Arce, Gustavo
Vera, Juan Nosiglia y Virginia González Gass.
  
"Se observa una concentración empresarial, ausencia de controles, la mala intervención del ENRE, la falta de inversión de las concesionarias y la utilización irregular de subsidios que fueron determinantes para la falta de suministro eléctrico", señalaron los denunciantes.
  
Advirtieron que hubo nombramientos irregulares en el ENRE, "las designaciones del ingeniero Ricardo Martínez Leone y el contador Marcelo Kiener" a raíz que "fueron hechas en forma unilateral y arbitraria por el Poder Ejecutivo, sin respetar los procedimientos para cubrir las vacantes previstas por la ley".
  
El fiscal citó que los denunciantes "puntualizaron que la intromisión del poder político en los entes reguladores se vio claramente en diciembre de 2013 cuando la sobre demanda de electricidad produjo prolongados cortes de energía y quien se pronunció en declaraciones públicas sobre la posibilidad de rescindir el contrato a las empresas prestadoras fue el ministro De Vido".
  
Los denunciantes señalaron que desde el ENRE "se incumplió con el control de la realización de los trabajos de mantenimiento del servicio" y a la vez la "responsabilidad de Edenor y Edesur" por la falta de inversión.
  
En su requerimiento, el fiscal pidió varias medidas de prueba al juez, como ser que se reclame a la Auditoria General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación todos los informes sobre controles hechos en la Secretaría de Energía y el ENRE.
  
También pidió que la Inspección General de Justicia aporte "los estatutos, balances y toda documentación de las sociedades relacionadas con la prestación de los servicios de energía y sus vínculos societarios con Edenor y Edesur que aportara Carrió".
 
Solicitó que Edenor y Edesur brinden los contratos firmados con las empresas mayoristas de prestación de servicio eléctrico.