En el contexto actual del mercado de alquileres en Argentina, se ha observado una desaceleración en los precios, acompañada por un incremento en la disponibilidad de propiedades. No obstante, la capacidad de los inquilinos para cubrir estos pagos sigue siendo un desafío significativo. Según una encuesta realizada por Inquilinos Agrupados, el 26,7% de los inquilinos encuestados, equivalente a 1 de cada 4, afirmó haber tenido que mudarse en los últimos tres meses debido a la imposibilidad de afrontar el costo del alquiler. De este grupo, un alarmante 92% se encuentra bajo condiciones contractuales que no se ajustan a la ley de alquileres vigente, en comparación con el 15% reportado en junio de este año.

El análisis de los ingresos de los hogares inquilinos revela que el 44,5% de sus recursos se destina al pago del alquiler y las expensas, sin incluir impuestos y tarifas de servicios públicos. Para aquellos contratos de alquiler que se formalizaron después de la implementación del DNU 70/2023, la proporción de ingresos destinados al alquiler asciende al 49,8%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los inquilinos que firmaron contratos en el año 2024 bajo el mencionado DNU enfrentan un costo de alquiler que puede ser hasta un 35% superior al de aquellos que suscribieron contratos bajo la Ley de Alquileres anterior.

El aumento en los precios de los alquileres es notable: en enero, los inquilinos que respondieron la encuesta pagaban, en promedio, $121.017 por una vivienda de dos ambientes. Solo dos meses después, el precio promedio había escalado a $161.113, lo que representa un incremento del 33% en un corto período. En junio, este valor promedio alcanzó los $217.424, casi un 35% más en comparación con marzo.

Un aspecto relevante a considerar es la duración de los contratos de alquiler. En los contratos firmados tras la entrada en vigencia del DNU, solo el 7,2% se mantiene en el plazo estándar de 3 años. En contraste, ha aumentado significativamente la proporción de contratos de alquiler de corta duración, donde aquellos con un período de duración menor o igual a un año representan el 17,1%. Los contratos con una duración de entre 1 y 2 años son ahora los más comunes, abarcando el 59,9% de los casos analizados en septiembre.

El informe también destaca que, en promedio, 7 de cada 10 inquilinos que firmaron contratos luego de la implementación del decreto experimentan aumentos en el precio del alquiler de forma mensual o cada 3 a 4 meses. Sin la Ley de Alquileres, la posibilidad de actualizaciones anuales se ha vuelto casi inexistente, ya que el 94,8% de los inquilinos enfrenta ajustes en el precio del alquiler en plazos iguales o menores a 6 meses.

La situación de la vivienda y la evolución de los ingresos son preocupaciones predominantes para más del 80% de los encuestados. Además, el 42,2% de los inquilinos considera que enfrentará dificultades para cumplir con el pago del alquiler en los próximos meses, mientras que el 46,7% expresó que podría tener problemas. Solo un 12% manifestó que no anticipa dificultades en este sentido.

Finalmente, se observa que el 64,6% de los hogares inquilinos tiene algún tipo de deuda en la actualidad, y entre los encuestados, el 5% se encuentra desempleado. La mayoría, un 80,3%, indica que está en búsqueda de empleo.