El caso en que se investiga el desvío de fondos públicos entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales y otras presuntas maniobras de lavado de dinero volvió prácticamente a foja cero después de dos años de proceso en los que hubo varias detenciones y resonantes allanamientos, pero sin una coherencia investigativa.

Así lo decidieron los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, que apartaron al juez federal Norberto Oyarbide del caso, con duras críticas a su desempeño. Anularon las declaraciones indagatorias de los 66 acusados, incluidas las de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y la de María Alejandra Bonafini, hija de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Anularon además los 44 procesamientos que había dispuesto Oyarbide.

Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah decidieron, asimismo, que el caso de las viviendas de las Madres debe juntarse con otro que está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, paralizado desde hace dos años y en el que, supuestamente, se investiga a los funcionarios que entregaron los fondos para hacer viviendas sin los controles adecuados. La decisión implicaría también un cambio de fiscal: Jorge Di Lello dejaría el caso y lo continuaría Miguel Ángel Osorio.

El fallo también anula los millonarios embargos sobre los bienes de los acusados, lo que implica que, en caso de ser hallados culpables, no se les podrá reclamar el dinero.

La razón esgrimida por la Cámara Federal para dar este golpe al caso Schoklender es la “falta de racionalidad” con la que Oyarbide llevó la investigación al no darle “una dirección lógica”. El juez ni siquiera precisó a los acusados los hechos específicos por los cuales se los acusaba para que pudieran defenderse. Calificaron su investigación de “defectuosa”, “imprecisa” y “confusa”, y dijeron que “la verdad permanece oculta”.

Los camaristas señalaron que esta circunstancia afecta el derecho de defensa de los acusados y sus garantías, pero además significa “la violación del debido proceso, que se ha traducido en un obstáculo para la averiguación de la verdad”. No obstante, reconocieron que con esta medida se compromete “la necesidad de una pronta y eficaz administración de justicia”.

Los camaristas Ballestero y Farah le dieron al juez Martínez de Giorgi, que tendrá ahora el caso, una orientación sobre cómo seguir la causa: le señalaron que debe volver a citar a indagatoria a todos los acusados sobre los que tenga elementos precisos, pero debe centrarse en buscar la ruta del dinero. Además, debe focalizarse en rastrear los fondos públicos desde que salieron de las arcas del Estado, determinar cuánto dinero fue a Madres para cada obra, comprobar el avance de cada una de ellas y si eran fondos públicos o no. También deberá analizar los contratos de la fundación con cada provincia o municipio y determinar si se cumplieron esos convenios y en qué medida.

Por Continental, Fernando Sánchez, de Coalición Sur, recordó que "en 2010 ya habíamos hecho la presentación ante el organismo que investiga el lavado de dinero, la UIF, que poco hace por evitar estas cosas. Muchas casas están por la mitad y el Gobierno ya había entregado todo el dinero, mientras los Schoklender compraban casas y jets", deploró en Magdalena Tempranísimo.

"Es casi un Oyarbide clásico: un despliegue escenográfico gigantesco que hace que la causa parezca que avanza y en realidad hace las cosas para que no lo haga", evaluó.