Directivos del Grupo Clarín presentaron una denuncia judicial contra algunos periodistas y dirigentes políticos oficialistas. Los acusa de ser "propagadores" del delito de incitación a la violencia y pidió además a la Justicia que identifique a los "ideólogos" de la maniobra.

El argumento es que desde el Gobierno siempre le echan la culpa de todos los males al Grupo Clarín y que eso crea un ambiente de intolerancia hacia sus medios y directivos, y que deteriora el clima para la libertad de expresión.

Al final identifica como PROPALADORES del mensaje del Gobierno contra el Grupo Clarín a la periodista de 678 Sandra Russo, a Edgardo De Petri, a Martín Sabbatella, a Juan Cabandié, al periodista Roberto Caballero, al locutor Javier Vicente e incluye también a Julio Alak y a Carlos Zanini.

Los cargos que les imputan tienen entre 6 y 10 años de prisión.

Pedir cárcel a periodistas por un delito de opinión, aunque se lo describa de otra manera, invocando la libertad de expresión es una gran contradicción.

Mi repudio a la denuncia y me sumo al pedido de Fopea para que la retiren.