El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, adelantó en La Vuelta de Continental que hablará con la fiscal de la causa para "ver si podemos intervenir en el desalojo del corte"

Mas temprano, la fiscal en lo penal y contravencional porteña Daniela Dupuy envió un oficio a los jefes de la Policía Federal, la Metropolitana y Gendarmería en el cual los habilita a que actúen en el desalojo del piquete que lleva ya ocho días sobre la Autopista Illia.

En el oficio, Dupuy, quien encabeza el equipo A de la Unidad Fiscal Este, recordó que se iniciaron actuaciones por el artículo 78 del Código Contravencional que establece que "quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por la vía pública o espacios públicos, es sancionado con uno (1) a cinco (5) días de trabajo de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos".

La fiscal Dupuy tuvo en cuenta que ante cualquier corte de calle o autopista, las fuerzas de seguridad cuentan con las facultades para actuar sin necesidad que haya previamente una orden de desalojo.

El piquete sobre la autopista es a raíz que una orden judicial firmada por el juez federal Sebastián Casanello, que ordenó el desalojo de unos lotes en la Villa 31. En esa investigación, según informaron fuentes judiciales a Infobae, se sospecha que una organización hace negocios al lotear los terrenos tomados y vender a familias, en su mayoría de bajos recursos.

En 2010, un grupo de vecinos, la Administración General de Puertos y el Belgrano Cargas reclamaron el desalojo de las familias del lugar y adujeron que entorpecen el transporte de cargas desde la terminal de trenes hasta el puerto.

En esa causa, el juez Casanello fue citando a indagatoria a todos los ocupantes, en especial a las cabezas de familia, y a partir de allí la reactivación de la causa derivó en el desalojo del lugar. La medida venía siendo reclamada desde 2010 por un grupo de vecinos, la Administración General de Puertos y el Belgrano Cargas.