La presidenta volvió a atacar al periodismo no obsecuente. Esta vez, y como parte de su escalada, Cristina Fernández floja de papeles, se metió con el tema de la publicidad oficial. Demostró que conoce poco y nada del tema y de paso, en público le ordenó a Juan Manuel Abal Medina que produjeran trabajos de investigación como los que ella había leído a la mañana en Ambito Financiero. Un detalle al paso: lo sigue tratando como si fuera el comisario político de los medios y hoy es el jefe de gabinete aunque no ejerza.

Cristina también le pegó un palito a Daniel Scioli. De paso, cañazo. Delante de todos lo amonestó porque le ponía mas publicidad a radio Mitre que a radio 10. Fue raro escuchar a la presidente defender los intereses comerciales de Daniel Hadad, justo el día después de que levantaron abruptamente del aire un reportaje de Marcelo Longobardi a Alberto Fernández. Lo comentamos ayer pero le recuerdo que el ex jefe de gabinete estaba criticando muy duramente a Cristina. Tres fuentes independientes entre sí coincidieron en asegurar que el que llamó para presionar a Hadad fue el ministro Julio de Vido.

Pero los retos a Abal Medina y a Scioli fueron solo anécdotas. Lo mas preocupante desde el punto de vista institucional fue cuando la presidenta le pidió a los jueces no midan solamente al gobierno en estos temas. Pocos entendieron bien a que se refería. Le cuento: la investigación del prestigioso docente Martín Becerra entre otras conclusiones señala que el comportamiento de los gobiernos de la ciudad y de la Nación a la hora de premiar o castigar medios amigos o enemigos era bastante similar.

Cristina quiso decir que los jueces solo la castigan a ella por las arbitrariedades y no a Mauricio Macri. Pero hay una gigantesca diferencia que la presidenta ocultó. En el caso del gobierno nacional hay una orden de la Corte Suprema de Justicia que Cristina esta desobedeciendo. Se lo repito con todas las letras para que quede claro. La Corte, es decir la máxima instancia de la justicia, le ordenó al gobierno nacional que deje de discriminar a la editorial Perfil y le otorgue montos publicitarios similares a otros medios de características parecidas. Y el gobierno mira para otro lado y no acata una orden de la Corte Suprema. Eso es lo grave. No es una opinión de un columnista como en este caso o un trabajo académico, es un fallo de la Corte y el gobierno no cumple, y eso es una verdadera provocación institucional.

Es mas, el juez Ernesto Marinelli, está multando al gobierno nacional con un valor equivalente a lo que debería pautarse y no se pauta. No estamos hablando de monedas. Son fortunas destinadas a sostener artificialmente a diarios amigos que muy pocos leen y a boicotear a diarios independientes. En promedio cada diario K recibe 40 millones de pesos. Algunos más, otros menos. Son los amigopolios K. Y esta es la discriminación que la Corte declaró intolerable y que el gobierno declaró inexistente. Al final la presidenta dijo que la publicidad oficial es apenas el 10% de toda la torta publicitaria nacional como si eso fuera muy poco. No sabía o no quiso decir que ese porcentaje está entre los más altos del mundo.

Y que debe ser utilizado con un criterio universal y equitativo. Sin arbitrariedades ni discrecionalidad.

Yo soy de los que cree que los gobiernos no deberían gastan ni un solo peso en publicidad. Creo que los medios deberían publicarlas gratis. Así nadie podrá usar ese mecanismo perverso como un látigo o una caricia.

Pero hace falta una ley que reglamente esto con toda claridad. Si van a gastar en publicidad que sea con un mecanismo automático, transparente y que no haga diferencias por los contenidos de los medios. La ética y la honestidad intelectual es lo único que nos va a permitir superar este festival de subsidios encubiertos a los que se arrodillan ante la chequera del poder. Le ley debe ser pareja para todos. Lo dice la Corte Suprema. De frente y de perfil.