Un par de meses antes de la divulgación de los Panamá Papers, el fiscal general de Suiza había advertido a las compañías estatales de Malasia que corrían el riesgo de una malversación de fondos del orden de los 4.000 millones de dólares. No era usual que destapara la lata de gusanos, como suelen decir los investigadores, el país más reservado del planeta, últimamente salpicado por el caso Petrobras en Brasil; las tropelías de los dirigentes de la FIFA, empezando por su ex presidente suizo, Joseph Blatter; el procesamiento por fraude fiscal de Jérôme Cahuzac, ex ministro de Presupuesto de Francia, y la financiación irregular de partidos políticos en España.
El aviso de Suiza sobre un fondo de inversión del gobierno malayo, conocido como 1MDB, provocó un escándalo. También dejó entrever un inminente y abrupto giro en un ámbito tan discreto y oscuro como el de las cuentas bancarias y las compañías offshore. Es el recurso que utilizan determinadas personas para esconder su dinero y evadir impuestos. Quebrada la confianza en la cautela de Suiza por la colaboración de los fiscales con los de otros países, la filtración de los documentos de la firma panameña de abogados Mossack Fonseca & Co. apunta en la misma dirección: el blanqueo de capitales.
No se trata de un acto de buena fe de Suiza, sino de un cambio de actitud después de haber pagado las multas millonarias que le impusieron los Estados Unidos en 2009 por haber permitido evadir impuestos a ciudadanos norteamericanos a través del banco UBS. La presión también creció en la Unión Europea, harta de un secreto bancario que, en el fondo, termina siendo un secreto a voces, más allá de que Suiza sea a veces un trampolín para transferir fondos a otro destino, como Singapur en el caso del ex ministro francés Cahuzac. O el destino final, como ocurrió con los políticos y los empresarios brasileños involucrados en el caso Petrobras.
La ofensiva contra los servicios offshore comenzó en los Estados Unidos para eliminar el financiamiento de actividades terroristas tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Luego incluyó a los evasores de impuestos estilo Al Capone, por más que los Estados Unidos tengan sus propios paraísos fiscales en Delaware, Nevada, Dakota del Sur y Wyoming. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 96 países convinieron intercambiar información sobre transacciones financieras. Panamá prometió ceñirse a esas directrices, pero dio marcha atrás. Los Estados Unidos aplican sus leyes sin participar del acuerdo.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, se comprometió a cooperar con las investigaciones que surjan de los Panamá Papers. Detesta que sea mancillado el nombre de su país después de haber sido retirado en febrero de la lista negra de la agencia intergubernamental Financial Action Task Force (Fuerza Especial para la Acción Financiera). El problema radica en la relación de Varela con Ramón Fonseca, ex presidente del partido oficialista, el Panameñista, y asesor especial de su gobierno. Fonseca renunció a Mossack Fonseca & Co. después de que las autoridades de Brasil revisaron las oficinas de una de las filiales de la firma por el caso Petrobras.
La filtración de 11,5 millones documentos confidenciales, a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y del diario alemán Süddeutsche Zeitung, dejó al descubierto a personas ricas y poderosas que canalizan sus activos en compañías fantasmas radicadas en Panamá y otras jurisdicciones con leyes laxas. La mala reputación del país data de los años ochenta. El dictador Manuel Noriega daba entonces la bienvenida a los cárteles colombianos del narcotráfico. Esa alfombra roja, con una economía dolarizada y una ubicación geográfica estratégica, acogió después a oligarcas y evasores de medio planeta en una capital atípica de América Central, repleta de rascacielos como Dubái.
La bomba panameña estalló en manos del renunciante primer ministro de Islandia, David Sigmundur Gunnlaugsson, vinculado a una cuenta secreta. El presidente de Ucrania, Petró Oleksíyovych Poroshenko, fue acusado de abuso del cargo y de evasión por trasladar su negocio de golosinas al exterior y privar de millones de dólares en impuestos a las arcas nacionales. Su par argentino, Mauricio Macri, está sujeto a una investigación penal por la “omisión maliciosa” en sus declaraciones juradas de su participación en una sociedad offshore. Los presidentes Xi Jinping, de China, y Vladimir Putin, de Rusia, quisieron matar al cartero: tomaron medidas drásticas contra los medios de comunicación que trataron de esclarecer las dudosas operaciones financieras de sus compinches y parientes.
En 1971 aparecieron los Papeles del Pentágono, informes secretos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre las acciones de sus tropas en Vietnam entre 1945 y 1967. Por ellos, publicados por The New York Times, se supo que la guerra había sido planeada con anticipación y que los gobiernos de Lyndon Johnson y de Richard Nixon habían engañado a la ciudadanía. En 2010, Julian Assange y sus WikiLeaks levantaron ampollas con la liberación de cables confidenciales de diplomáticos norteamericanos. En 2014, Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), desnudó la red de espionaje electrónico de los Estados Unidos y de otros países.
“Una vez cada ocho siglos, más o menos, uno se topa con una historia o con un rumor tan maravilloso que te da vergüenza confirmarlo”, me dijo hace tiempo Ben Bradlee, el editor de The Washington Post que dirigió la investigación sobre el caso Watergate, cuyo resultado derivó en la única renuncia en la historia de un presidente de los Estados Unidos, Nixon. Los Panamá Papers no son fruto de circunstancias similares, sino de documentos servidos en bandeja, acaso como las cabezas de aquellos que, como el primer ministro islandés, nunca creyeron que iban a ser descubiertos haciendo la trampa mientras exigían el acatamiento de la ley.
 
Jorge Elías
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