Vamos a intentar analizar lo que está ocurriendo con el mayor equilibrio posible. Porque estamos en pleno desarrollo del primer paro nacional de los trabajadores organizados a un gobierno kirchnerista. Esto, que no ocurrió en los últimos 9 años, da una dimensión clara de la importancia política de la huelga convocada por la CGT de Hugo Moyano, la CTA que lidera Pablo Micheli y la central que conduce Luis Barrionuevo con el apoyo de la Federación Agraria y varios movimientos sociales.

Para los protagonistas de la potente y exitosa medida de fuerza se trata de algo absolutamente justo porque el gobierno de Cristina les cobra impuesto a las ganancias a dos millones de trabajadores, porque discrimina con las obras sociales a muchos de sus afiliados y, sobre todo, porque la presidenta y su ministro de trabajo no escuchan ninguno de los reclamos. Es mas, ni siquiera reciben formalmente a estas centrales sindicales.

Para el gobierno nacional que es el principal destinatario de estos reclamos, se trata de un chantaje extorsivo porque con los piquetes y cortes de los accesos a la capital no le permiten ir trabajar a quienes quieran hacerlo. Esto lo dijo Juan Manuel Abal Medina, el jefe de gabinete. El senador Aníbal Fernández fue en el mismo sentido y dijo que se trata de amenazas rayanas con el delito y aseguró que podría hacer una denuncia penal al respecto.

El rambo patagónico, Sergio Berni se encargó de decir que iban a garantizar la libre circulación en las rutas y vías del tren. Pablo Micheli de la CTA lo tomó como una amenaza de represión y lo tildó de provocador profesional y matón al estilo militar represor.

¿Quién tiene razón en todo esto? Vamos por partes. Primero digamos que la presidenta de la Nación tiene una autoridad legal y legítima otorgada por 12 millones de votos. Y que Moyano, Micheli y Barrionuevo también tienen la representatividad que le dieron una gran parte de los trabajadores. Es una obviedad pero también conviene subrayar que los trabajadores tienen todo el derecho de hacer un paro y eso está garantizado por la Constitución Nacional. Hasta ahí, sospecho que hay un consenso generalizado. Ahora viene lo polémico. La protesta incluyó cortes en 160 lugares estratégicos y eso desalentó a mucha gente a ir a trabajar. Muchos se quedaron en su casa porque no querían enfrentarse con el caos de tránsito y los grupos que cerraban el paso.

El gobierno dice que los cortes son ilegales y que no están dentro del derecho a huelga. Y eso es verdad. Muchas veces hemos dicho que los cortes y bloqueos están fuera de la ley. Y que para tener un país en serio lo primero que tenemos que hacer es comprometernos a respetar todas las normas.

El tema es que el gobierno nacional no tiene autoridad moral para descalificar los cortes y los bloqueos porque siempre fue un promotor de esas acciones directas y si no fue un promotor, cuando la víctima de esa metodología era un enemigo del gobierno, como mínimo, miraba para otro lado. Muchos ministros y hasta la propia presidenta de la Nación, estimularon las tomas de escuelas, y los cortes en las calles porteñas porque la cosa era contra Mauricio Macri. Muchas veces, el gobierno se encargó de liberar la zona cuando los piquetes y los bloqueos eran contra las plantas de Clarín, La Nación y Perfil, por ejempo. El cristinismo mediático decía que la lucha popular está por encima de todo y que la batalla por una Argentina más igualitaria hay que darla en todos los terrenos. El problema es que esa concepción “revolucionaria”, entre comillas, se les volvió en contra como un boomerang. Opositores a sus políticas le están dando al gobierno de probar su propia medicina. Esa postura ambigua es lo que entró en crisis. Si los piquetes son ilegales deben ser siempre ilegales.

Y no solamente cuando se hacen contra la insensibilidad y la soberbia de Cristina. El caso del subte es emblemático. Los delegados kirchneristas fueron recibidos con algarabía en la Casa Rosada cuando la protesta fue para que Macri se hiciera cargo del servicio. Hoy otros delegados que no simpatizan con el gobierno paran contra Cristina. ¿Antes estaba bien y ahora esta mal? Si el ministro Carlos Tomada hubiera amonestado, o llamado la atención aunque sea, en otras ocasiones, hoy tendría más valor y fortaleza la palabra del gobierno. La primera víctima de este paro nacional es el doble discurso del gobierno. No se puede fomentar lo que después se denuncia. Es básico.