Armando Cañizales tenía 18 años de edad. Era violinista del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela, dirigido por Gustavo Dudamel. Iba a estudiar medicina. Protestaba en la calle contra el gobierno de Nicolás Maduro. Le dio un balazo en el cuello la Guardia Nacional Bolivariana. Murió. En otro país pudo haber sido un punto de inflexión en medio de la represión sin límite, de las detenciones arbitrarias, de la escasez de alimentos y medicinas, de la inflación desbocada, del reclamo por la liberación de presos políticos. En otro país, no en Venezuela. En otro país, frente a un colapso de esta magnitud, el presidente habría sido destituido o forzado a renunciar. ¿Por qué no en Venezuela?

El gobierno maneja todos los resortes del Estado, excepto la Asamblea Nacional. Cuenta con la “lealtad incondicional" de las fuerzas armadas, aupadas en una elite que ha logrado sacar tajada de una economía en bancarrota. Son el salvavidas de Maduro. A sus ojos, cada muerto en las guarimbas (protestas) parece ser el culpable de su muerte. El desabastecimiento parece ser ficticio. La inflación (del 720 por ciento en 2017 y del 2.068 en 2018, según el FMI) parece ser obra de una “derecha” despiadada que, según el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aplica “manuales de la CIA” para derrocar al gobierno.

La caída del precio del petróleo no dinamitó los márgenes de maniobra de Maduro, discípulo de Hugo Chávez. El Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Electoral procuran neutralizar a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Ese esquema se sostiene gracias al apoyo irrestricto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pilar del gobierno de Chávez y de su supervivencia política tras el golpe fallido de 2002. Maduro amplió sus competencias. En los últimos años han sido ascendidos 1.100 almirantes y generales. Los militares ocupan 11 de los 32 ministerios. Administran la renta petrolera y la distribución de alimentos, entre otras actividades. Campo fértil para la corrupción.

El control social asignado a los militares resulta clave. Los venezolanos enfrentan un dilema: participar de las protestas o hacer la fila de los alimentos y artículos de primera necesidad. La violencia ensancha la crisis. En otro país, con un poder menguado, la elite se apartaría del gobierno. No, por ahora, en Venezuela. Los boliburgueses obtienen beneficios del control de cambio y de la distorsión de los mercados. Maduro intenta ganar tiempo con el proceso constituyente de reforma constitucional, soslayando el rechazo internacional y el de las propias filas chavistas.

Tanto Maduro como la oposición conocen los riesgos de un eventual paso en falso. Un golpe de Estado clásico sería reprobado por la comunidad internacional y consolidaría al gobierno, como en su momento al de Chávez. Las sanciones externas castigarían aún más a un pueblo golpeado por la crisis. La intervención de los Estados Unidos socavaría las gestiones de los gobiernos de la región a favor de la pacificación. También dejaría en evidencia una carretera de dos vías. Maduro donó medio millón de dólares para la investidura de Donald Trump. Mostró su doble rasero. No sólo Maduro, en realidad. Trump pudo haberlo rechazado.

Publicado en Télam

Jorge Elías

@JorgeEliasInter | @Elinterin
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