Más de la mitad de los ciudadanos de Estados Unidos discrepa con la controvertida decisión de Donald Trump de revocar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, sus siglas en inglés). Lo reflejan las encuestas de Politico, The Hill y Rasmussen, entre otras. Esto significa que esa porción de la población, que en algún caso trepa hasta un 78 por ciento, no cree que la deportación masiva de casi 800.000 jóvenes inmigrantes que arribaron al país sin la documentación requerida sea la vía adecuada para mejorar sus vidas ni para crear empleos, sino otro capítulo del llamado desmantelamiento ordenado del legado de Barack Obama.

La protección para los dreamers (soñadores) tiene fecha de vencimiento. Será el 5 de marzo de 2018. El estatus legal de algunos de ellos expirará antes, el 5 de octubre. Trump dejó la pelota en la cúpula del Congreso, donde republicanos y demócratas no pudieron ponerse de acuerdo. Esa fue la razón por la cual Obama dictó la orden ejecutiva del DACA en 2012. Como ocurrió con los vetos migratorios para los ciudadanos de seis países musulmanes y para los solicitantes de asilo político, el impacto va más allá de una eventual ley. Crea recelo contra los extranjeros. Trump aconseja que se dé prioridad al ingreso “de personas que hablen inglés” en un país que no tiene idioma oficial.

Entre los dreamers, el 80 por ciento son mexicanos. A los ojos de Trump, “bad hombres”. En el límite de casi 3.200 kilómetros que insiste en tapiar con un muro residen 15 millones de personas en 48 condados de Estados Unidos y 94 municipios de México. Hay 58 cruces fronterizos por los cuales van y vienen diariamente más de un millón de personas y 437.000 vehículos. En Estados Unidos, 50 millones de personas hablan castellano. Equivalen a la población de España. Sólo en el área metropolitana de Los Ángeles viven cuatro millones de hispanohablantes, cifra que supera a la población de Uruguay.

La discusión sobre los dreamers lleva más de una década. En 2006, el senador republicano Orrin Hatch y su par demócrata Richard Durbin propusieron el proyecto de ley Dream, acrónimo de Development, relief and education for alien minors (Ley de fomento para el progreso, alivio y educación para menores extranjeros). El propósito era imponerles límites a las universidades estatales para que los estudiantes extranjeros no pagaran más que los nativos y ofrecerles a los que ingresaron en el país antes de cumplir los 16 años de edad un permiso de residencia temporal que, de graduarse, podía ser permanente. Ante la falta de acuerdo, Obama firmó el decreto.

Trump prometió abolirlo durante la campaña electoral, pero después fue y vino con el tema. En abril le dijo a la agencia de noticias Associated Press que los beneficiarios del programa podían “estar tranquilos” porque su gobierno no “perseguía a los dreamers, sino a los criminales”. Su hija mayor, Ivanka, y su yerno, Jared Kushner, ambos con cargos en la Casa Blanca, se mostraron partidarios de extender las protecciones para los jóvenes inmigrantes que nacieron en el exterior, fueron llevados por sus padres a Estados Unidos y, gracias al DACA, obtuvieron el seguro social, el documento de identidad o la licencia de conducir y el permiso de trabajo.

Con esta decisión y otras también polémicas, Trump ha demostrado que no gobierna para la mayoría, sino para aquello que denomina su base. Se trata, según Frank Newport, analista de Gallup, de “un enfoque selectivo en una sola porción de la población como grupo de referencia” que piensa, como él, que el Congreso “está demasiado concentrado en luchas internas e intereses especiales” y carece de “voluntad de compromiso con el bien público”. Corre el riesgo de exacerbar las preocupaciones de la población en lugar de atemperarlas. Es el riesgo de aplicar la estrategia del toma y daca. En este caso, del toma y DACA.

Publicada en Télam

Jorge Elías

@JorgeEliasInter | @Elinterin
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