El 21 de cada mes figura en rojo en el calendario de Bolivia. No porque sea feriado, sino por el recuerdo del 21 de febrero de 2016. Ese día, el 21F, se celebró un referéndum en el cual la mayoría le bajó el pulgar a la virtual candidatura presidencial de Evo Morales en 2019. La cuarta consecutiva desde que asumió el gobierno, en 2006. El resultado dijo una cosa, pero el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dijo otra. Suspendió después de la consulta los artículos de la Constitución que prohibían dos reelecciones continuas consecutivas. Le aceitó el camino a Morales para batir su propio récord, de 4.587 días en el gobierno.

Los cumplió el 14 de agosto. Superó en esa fecha al extinto Víctor Paz Estenssoro, presidente entre 1952 y 1989 durante cuatro gestiones discontinuas. Diez días después, Morales recibió otro empujón para retener el poder hasta 2025 en caso de ser reelegido en 2019. Entre gallos y medianoche, la mayoría de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), aprobó la Ley de Organizaciones Políticas en la Cámara de Diputados. Una forma de blindar la reelección de Morales por medio de la incorporación de elecciones primarias, instancia inviable para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras las denuncias de la oposición por el desconocimiento del resultado del 21F.

El descontento crece en forma proporcional con el desgaste. En el 193º aniversario de la independencia de Bolivia, el 6 de agosto, la Asamblea Legislativa nacional, realizada en la Casa de la Moneda de Potosí, se vio empañada por consignas contra la reelección de Morales, como "Bolivia dijo no" y "no es no". Su respuesta, empleando como excusa la nacionalización de los recursos naturales, no se hizo esperar: "Los que protestan permanentemente son los privatizadores". Poco después, Morales recibió otro empujón: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desestimó la imposición de medidas cautelares por su eventual reelección.

La reforma constitucional de 2009, promovida por Morales, contemplaba una reelección consecutiva. El referéndum de 2016, también promovido por Morales, pretendía abrir una puerta para un nuevo mandato por medio de una enmienda constitucional. La cerró el resultado negativo, pero Morales decidió no admitirlo y recurrió a una triquiñuela legal. Ese tipo de maniobras, así como el clientelismo, lleva a un sector de la población a recordar el fraude cada 21. Morales, como Nicolás Maduro en Venezuela y Juan Orlando Hernández en Honduras, pretende reelegirse a sí mismo en un contexto regional menos favorable que en los años anteriores. Tanto en la faz política como en la económica.

En sus primeros años de gobierno, con los precios de las materias primas en alza, fomentó los derechos de los indígenas y atendió la desigualdad histórica de Bolivia. Les impuso mayores aportes a las compañías extranjeras de energía e invirtió recursos en la salud y en la educación. En 2012, la tasa de pobreza cayó a la mitad respecto de la década anterior. Los militantes del MAS suelen compararlo con Angela Merkel, canciller de Alemania desde 2005, y con Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos desde 1933 hasta su muerte, en 1945, alcanzando cuatro períodos consecutivos. La diferencia radica en que no organizaron referéndums que luego no respetaron.

En 2017 estalló un escándalo de corrupción por los presuntos vínculos sentimentales de Morales con Gabriela Zapata, exejecutiva de una constructora china que consiguió grandes contratos públicos. La sentenciaron por tráfico de influencias. Otro asunto espinoso es la carretera de 300 kilómetros de extensión que partirá en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), de modo de unir los departamentos de Cochabamba (centro) y Beni (noreste). Morales insiste en construirla a pesar del rechazo de los suyos, los indígenas, a los cuales acusa de "medioambientalismo colonial". ¿La excusa? Habilitar mayores espacios para el cultivo de coca.

Jorge Elías

Twitter: @JorgeEliasInter | @Elinterin
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