¿Por qué Mariano Rajoy prefirió caer por la moción de censura en el Congreso de los Diputados de España en lugar de dimitir, como machacaba su sucesor, Pedro Sánchez? Porque, argumentó, la trama de corrupción Gürtel no afectó a miembros de su gobierno y el Partido Popular (PP) sólo ha sido sancionado civilmente por obtener beneficios ilícitos de la actividad punible de otros. La reforma del Código Penal, promovida en estos años por el PP, permite juzgar a los partidos políticos, pero es posterior a la trama Gürtel y, por ese motivo, no pudo aplicarse en ese caso. Rajoy prefirió caer con las botas puestas en una votación que dependió de votos variopintos.

De haber renunciado, Sánchez, diputado y secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), no se hubiera visto obligado a reunir más síes que noes para ser investido (180 contra 169 y una abstención) y Rajoy se hubiera ahorrado el bochorno de ser destituido por el mecanismo constitucional previsto por el Reglamento del Congreso de los Diputados para “exigir la responsabilidad política del gobierno”. Sánchez heredó de este modo un campo minado. Un campo minado de compromisos con fuerzas antagónicas.

La caída de Rajoy, promovida por Sánchez, vino a ser el correlato de una trama de corrupción que debe su nombre, Gürtel, al apellido del empresario Francisco Correa, alias Bigotes, condenado a más de medio siglo de cárcel. El vocablo alemán gurt significa correa. La investigación, iniciada en 2007, derivó en la prisión de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y de otros involucrados en una red que operaba principalmente en las comunidades de Madrid y de Valencia. Los pagos en negro de los empresarios eran desviados a gastos electorales y al abono de sobresueldos de los dirigentes del PP, incluido Rajoy. Esa era la llamada caja B.

Rajoy, investido en 2011, siempre procuró esquivar las balas, más allá del desafortunado mensaje de texto de aliento que le envió a Bárcenas, condenado a 33 años de cárcel: “Luis, sé fuerte”. La histórica sentencia de la Audiencia Nacional supuso también la condena implícita del PP como partícipe a título lucrativo, razón por la cual el PSOE promovió la salida de Rajoy, ausente en el hemiciclo durante el debate y presente durante la votación.

Fue la cuarta moción de censura desde la aprobación de la Constitución de 1978, la primera con visos de prosperar. La anterior había sido presentada en 2017 por Pablo Iglesias, disculpado por las bases del partido izquierdista Podemos, al igual que su pareja, Irene Montero, también diputada, por la compra de un chalé de 615.000 euros con una hipoteca de 540.000 en las afueras de Madrid. Una contradicción con su discurso de “austericidio” contra “la vieja política”, enrolada en “la casta”. Un lujo asiático. O el revés del relato.

Sánchez, aupado por Iglesias y miembros de otras expresiones, no hizo distingos a la hora de contar con los votos necesarios para tumbar a Rajoy. No lo apoyó el partido que más ha crecido en los últimos tiempos, Ciudadanos, de raíz liberal. De la amalgama de respaldos que obtuvo Sánchez surgió un gobierno que algunos llaman Frankenstein por la dependencia de la extrema izquierda, del nacionalismo vasco y del separatismo de Cataluña, entre otros. El agua, el aceite y otros ingredientes imposibles de mezclar.

La suma contra natura de fuerzas opuestas alumbra una yuxtaposición de voluntades que, frente a la desconfianza de los mercados en coincidencia con la crisis institucional de Italia, debería desembocar en la convocatoria a elecciones, como aspira otro diputado, Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, favorito en las encuestas por el desencanto de los conservadores y de los socialistas con sus propios partidos, los tradicionales, o en la gestión del primer gobierno democrático no elegido en la historia de España.

Jorge Elías

Twitter: @JorgeEliasInter | @Elinterin
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