La Justicia le frenó a Macri la licitación para poner más parquímetros
Un juez porteño aceptó una cautelar hasta que se resuelva si la ley que lo habilita es constitucional.
Otra vez un juez porteño decidió contrariar una decisión del jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Ahora, con un tema sensible desde lo económico para la Ciudad. En un fallo difundido anoche, el magistrado Francisco Ferrer resolvió aceptar una medida cautelar que solicitaba la suspensión del llamado a licitación pública nacional para la concesión del sistema de parquímetros en la Ciudad de Buenos Aires. En su decisión, explicó que el tema quedará "stand by", hasta tanto se resuelva un planteo de inconstitucionalidad de la ley 4888 que aprobó la Legislatura para ampliar la explotación del estacionamiento medido.
Según explicaron a CLARIN desde la Justicia porteña, en el pedido de amparo se argumentaba que la normativa que habilitó "el llamado a licitación para la concesión de servicio público y la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad, colisiona con lo establecido en la ley 4003 que admite 'el establecimiento de sectores tarifados' únicamente en 'arterias principales de las áreas céntricas, previa aprobación legislativa'".
También en el pedido de cautelar se aseguraba que "todo lo relacionado a la concesión del servicio público programado, junto con la determinación de los tramos de calles que afectan al Sistema de Estacionamiento Regulado y tarifado, no se aprobaron mediante el procedimiento de doble lectura previsto en el Artículo 89 de la Constitución de la Ciudad".
En su defensa contra la persona que presentó el pedido de cautelar, el Gobierno de la Ciudad reclamó desestimar el planteo de la "amparista" argumentando que en calidad de habitante de la Ciudad la vecina no ha podido demostrar que la concesión de dicho servicio público produjera un "prejuicio personal, concreto y directo" sobre su persona. Y resaltó que con esta licitación se podrían optimizar los controles vehiculares, desde el punto de vista de tránsito y particularmente del estacionamiento urbano, y que "no se pretende ejercer un acto de disposición de un inmueble de dominio público, sino concesionar un servicio público como es el de la regulación y control del tránsito de la Ciudad".