Desde el exilio, la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega Díaz instó a sus compatriotas “a organizarnos en todos los niveles para exigir nuestros derechos y defender la Constitución”. También exhortó a la comunidad internacional a apretar las clavijas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Lo hizo por medio de un video, difundido en las redes sociales, con motivo de Año Nuevo. “La presión interna y externa derrotará a la tiranía”, redondeó. El pedido de Ortega Díaz, con captura recomendada después de haber cambiado su línea de pensamiento de chavista de la primera hora a opositora a ultranza, choca con dos realidades: la interna y la externa.

La realidad interna se vio reflejada en el resultado de las elecciones municipales de diciembre de 2017. El chavismo, gracias a la deserción de gran parte de la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), ganó el 90 por ciento de las alcaldías en juego. El mero llamado electoral resultó una mascarada del gobierno para legitimarse en las urnas. Lo logró mientras la MUD, presa de los mismos titubeos por los cuales terminó regalándole la Asamblea Nacional (Parlamento) a Hugo Chávez en 2005, prefirió abstenerse sin medir las consecuencias. Las de ver un país teñido de “rojo rojito”, por más que el gobierno repruebe en la evaluación de democracia.

La realidad externa, también clave para Ortega Díaz, se vio reflejada en el escaso impacto de las sanciones por corrupción y narcotráfico contra funcionarios y ex funcionarios de Venezuela, dictadas por Estados Unidos e imitadas por otros gobiernos. Lejos de debilitarse, Maduro capitalizó el aislamiento internacional. La mala relación con los gobiernos de Brasil y de Canadá, los últimos eslabones de un largo collar de virtuales enemigos, coronó su antología de desencuentros con medio mundo. No estuvo exento de pataleos ni el gobierno de Portugal por la ausencia del pernil de cerdo de ese origen en la mesa de Navidad.

La culpa siempre es del otro. Del país que, desde George W. Bush hasta Donald Trump pasando por Barack Obama, ejecuta aparentemente el complot más largo y menos efectivo de la historia mientras la escasez de alimentos y de medicinas en Venezuela, así como la falta de dinero, la hiperinflación, el deterioro de los servicios públicos y el recrudecimiento de la violencia, empeoran día a día y estimulan éxodos y fugas. La última pudo ser tan imprevista como la de Ortega Díaz. Fue la de Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la estatal petrolera que dirigió durante 15 años y dejó en bancarrota. Lo premiaron con la banca de su país en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ahora está prófugo por discrepar con el gobierno.

Maduro ató un paquete de ayuda con Rusia y con China, los únicos, entre los poderosos, capaces de echarle una mano. No para sostenerlo, sino para llevarle la contraria a Estados Unidos en un territorio que considera propio por cercanía, América latina. En la región, más allá de algunos respaldos que sobrevivieron a la muerte de Chávez, como los de Cuba, Bolivia y Nicaragua, Venezuela quedó excluida de las grandes discusiones. De poco y nada han servido las sanciones, como ocurrió con el embargo norteamericano contra Cuba, pero Trump insiste en aplicarlas. En este caso, en forma individual, de modo de evitar males mayores para la población.

En 2016, Maduro se valió del Consejo Nacional Electoral (CNE) para anular el referéndum revocatorio en su contra y postergar las elecciones regionales. En 2017 abolió el requisito constitucional por el cual debía consultar al pueblo para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y elegir a sus miembros. Ambas prerrogativas fueron instauradas por su propio gobierno tras perder las elecciones de 2015. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), montado con ese fin, no hizo más que recortarle poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

El intento de disolverla coincidió con las guarimbas (protestas) que dejaron más de 120 muertos y otros tantos heridos y presos, y con la huida de Ortega Díaz. Luego iba a irse Antonio Ledezma, el ex alcalde metropolitano de Caracas que cumplía arresto domiciliario desde 2015. La ANC, arropada por el gobierno y por las fuerzas armadas, pasó a ser el brazo ejecutor de Maduro. Una excusa para el control social. Una más después de haber distribuido el Carnet de la Patria, documento de identidad electrónico que regula la compra de alimentos y de artículos de primera necesidad en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

En 2018 debe haber presidenciales. Están previstas para diciembre, pero en Venezuela nunca se sabe o, en todo caso, se sabe con poca anticipación. El relato épico de Maduro en su inquebrantable lucha contra medio mundo, en principio, no tiene contra. La oposición admite sus errores, pero no aprende de ellos. Durante la pugna entre egos, frente a un eventual anticipo de las elecciones, no se pone de acuerdo con la fecha de las primarias ni con la posibilidad de asumir que la presión interna y externa que aconseja Ortega Díaz banaliza la crisis, acaso a tono con el gobierno. El de Maduro. Curiosamente, el mayor beneficiado de la confusión general.

Publicado en Télam

Jorge Elías

Twitter: @JorgeEliasInter | @Elinterin
Suscríbase a El Ínterin