Después del suicidio del expresidente Alan García, cercado en abril por las causas de corrupción del caso Lava Jato, Perú vivió otro sacrificio. El de sus instituciones, endebles ante la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas. La atribución, contemplada en el artículo 134 de la Constitución, dio de bruces contra una oposición legislativa que, reacia a perder su espacio y su inmunidad, suspendió por un año a Vizcarra por "incapacidad temporal" y puso en su lugar como presidenta temporal a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. En poco más de 24 horas, Aráoz renunció.