La reforma del sistema de pensiones de Nicaragua, decretada por el 16 de abril por el presidente Daniel Ortega y publicada dos días después en el diario oficial La Gaceta desató la ira. En particular, la de los estudiantes, puntales de las protestas que, con el correr de los días y de los muertos, contaron con un apoyo inesperado. El de los empresarios, aupados desde 2007 por el gobierno que Ortega comparte con su mujer, Rosario Murillo, vicepresidenta, primera dama y vocera. El decreto en cuestión habilitaba al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a aumentar los aportes patronales y de los trabajadores y a reducir los ingresos de los jubilados.

Ortega revocó unos días después la medida frente a la ola de malestar y de saqueos que provocó. Habían quedado en el camino los primeros 27 muertos. Entre ellos, el periodista Ángel Gahona. La lista de víctimas fatales de la represión supera ahora los 120, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Las protestas continuaron. No por la reforma del sistema de pensiones, sino por el autoritarismo de Ortega, exigiéndole la renuncia. Ortega llamó “grupos de delincuentes” a sus detractores. Murillo llegó a tildarlos de “vampiros reclamando sangre”.

En Nicaragua, cual efecto dominó de Venezuela, su principal aliado, no se partió otro hierro caliente por una revolución, sino por la falta de recursos. Eran los que le enviaba a Ortega el régimen de Nicolás Maduro, contra las cuerdas por los vaivenes del precio del petróleo y por la debacle económica de su país. De Hugo Chávez heredó un acuerdo por el cual Nicaragua podía pagar en 25 años la mitad del petróleo venezolano con un interés ínfimo del dos por ciento. Entre 2007 y 2016, con importaciones, del orden de los 3.654 millones de dólares, el crecimiento de Nicaragua superó el promedio de América Central.

Ortega supo aprovecharlo: resultó reelegido en 2011 y en 2016. El dinero proveniente de la ganga petrolera le permitía financiar inversiones y mantener programas sociales, traducidos en clientelismo político, así como acrecentar las exportaciones gracias a otra concesión del finado Chávez: el pago en especies con productos agropecuarios. En esos tiempos, los del boom de las commodities (materias primas), Nicaragua crecía a un ritmo sostenido del cinco por ciento anual. Los empresarios nicaragüenses, a diferencia de los venezolanos, mantenían una buena relación con el gobierno, más allá de que se proclamara revolucionario y socialista.

El final de la cooperación de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) secó el pozo y Ortega debió rascar la olla para hallar recursos. Creyó que la solución era la reforma del sistema de pensiones. No advirtió que iba a ser el detonante de protestas de mayor calado. Del hartazgo contenido tras once años de gobierno a golpes de decretos. Estalló entre los jóvenes, su base de apoyo tradicional; se trasladó a los empresarios, conscientes del cambio de era no sólo en Nicaragua, sino en América latina, y derivó en la brutal represión emprendida por francotiradores y escuadrones de la muerte (grupos paramilitares y militantes del gobernante Frente Sandinista).

Ortega apeló al diálogo con la bendición inicial de la Iglesia, como Maduro en Venezuela, pero también cayó en una deriva autoritaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató in situ “ejecuciones extrajudiciales” y “graves violaciones de derechos humanos”. En el Día de la Madre en Nicaragua, el 30 de mayo, las Madres de Abril marcharon pacíficamente en memoria de sus hijos, abatidos durante las protestas contra la reforma del sistema de pensiones. “Grupos de choque y terceros armados”, observó la CIDH, dispararon a mansalva con armas de fuego. Murieron 15 personas y otras 199 resultaron heridas en Managua, Estelí y Masaya.

En Masaya murió el hermano de Ortega, Camilo, en los comienzos de la insurgencia contra la dictadura somocista. Ortega, decidido a enrocarse en el poder como si se tratara de una marca registrada de los gobiernos bolivarianos, ha perdido el rumbo. Le exige la calle que llame a elecciones anticipadas y que no participe de ellas. ¿Su respuesta? Pretende convocarlas en 2021 y ser reelegido, de modo de sumar, con los mandatos de 1979 a 1990, casi medio siglo en la presidencia. Otro rasgo común con los gobiernos afines: la permanencia en el cargo a pesar de todo. En su caso, bajo el influjo de Murillo, vicepresidenta, primera dama y vocera. O, quizás, el poder real.

Jorge Elías

Twitter: @JorgeEliasInter | @Elinterin
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