La Ley de Obediencia Debida fue una disposición legal dictada durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores).

La norma se dictó luego de los levantamientos "carapintadas", por iniciativa del gobierno de Alfonsín, para intentar contener el descontento de la oficialidad del Ejército Argentino, eximiendo a los militares por debajo del grado de coronel (en tanto y en cuanto no se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos), de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense.

La ley 25.779, sancionada en 2003, bajo la gestión del ex presidente Néstor Kirchner finalmente declaró la nulidad a la ley de Obediencia Debida.