La renuncia de Sandro Rosell a la presidencia de Barcelona no fue un punto final para el Caso Neymar. La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió al juez Pablo Ruz que impute al club, como persona jurídica, por un delito fiscal en el pase del crack brasileño.

Según el fiscal, Barcelona defraudó a la Hacienda Pública de España en 9,1 millones de euros. Esta cantidad se obtiene en base a que las cuantías de las operaciones derivadas de las operaciones del pase fueron 10 millones en 2011 y 27.920.000 euros en 2013, "respecto a las cuales no consta que se hayan retenido ni abonado las correspondientes deudas tributarias".

El fiscal José Perals hizo este pedido al juez, que ya investiga al ex presidente del club por apropiación indebida, en un escrito en el que afirma que uno de los indicios de delito fiscal "es la existencia de contratos simulados, así como la realización de operaciones de 'ingeniería financiera' mediante los que se pretende cometer el engaño a la Hacienda Pública".