Desde hace un tiempo circula la información de que Harry Kane, la gran figura del Tottenham, quiere dejar la institución. El goleador no está contento con el nivel de competitividad del club londinense en el que no ha podido ganar títulos y busca alguna conquista en su carrera. El gran interesado en contar con sus servicios es el Manchester City, que lo quiere para suplir la salida de Sergio Agüero. Este lunes, el delantero inglés tomó medidas drásticas para forzar su venta: no se presentó a entrenar.

La cifra por la que ambos clubes ingleses negociaban rondaba los 185 millones de euros. Si bien el Tottenham puede pretender retenerlo, es poco probable que se resista mucho tiempo a una oferta de tal magnitud por un jugador que a fin de cuentas tiene 28 años, motivo por el que parece aún más exagerado haber llegado al punto de no presentarse a entrenar.

El delantero está en su derecho de querer ser transferido, ya sea para dar un salto deportivo como expresó o para transformarse en el jugador mejor pago de Inglaterra y percibir un sueldo anual de 25 millones de euros, lo que recibirá si juega en el City. Pero, lo concreto es que tiene un acuerdo firmado con el Tottenham hasta mediados de 2024, es decir, en tres años, por lo que no tiene mayor potestad que la de expresar su deseo y aguardar a que sea escuchado.

El jugador insiste en la existencia de un pacto de palabra al que habría llegado con los directivos de los Spurs para ser vendido tras la Eurocopa, pero no se le puede arrogar el mismo valor a eso que a un vínculo firmado. Los contratos no pueden tener un valor nulo para los jugadores, porque no lo tienen para los clubes. Cada vez que una institución disuelve antes de tiempo un arreglo con un jugador, debe abonarle el equivalente a lo que faltaba hasta el fin del vínculo, más allá de que algunos casos se pueda llegar a un arreglo.

Por eso, es lógico que las instituciones pretendan tener el poder de decidir en que momento desean desprenderse de un jugador que tiene contrato. La planificación deportiva y económica de una institución no puede verse alterada por los caprichos de un futbolista que previamente accedió a un compromiso por una determinada cantidad de años.

En el fútbol argentino, los casos recientes de Juan Ramírez y Sebastián Villa ponen al descubierto una situación que ya venía sucediendo. Tampoco pueden ser los propios futbolistas los que le den un valor determinado a su pase: si el club es dueño de su ficha y recibe una oferta, tiene derecho a pedir cuatro 15 o 200 millones. No tiene por qué tomar una medida de fuerza para que se acepte un ofrecimiento que ellos consideran suficiente. Sino se toman medidas a nivel universal, se pueden sentar antecedentes peligrosos.