La Inspección General de Justicia (IGJ) ha tomado la decisión de suspender algunos puntos de la Asamblea General Ordinaria programada para el 17 de octubre por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En dicha asamblea, se tenía previsto que Claudio Chiqui Tapia fuera reelegido para un segundo mandato, así como también se debatiría y votaría sobre un cambio en el formato del fútbol argentino que implicaría la suspensión de los descensos y la ampliación a 30 equipos en la Primera División. Esta decisión de la IGJ es consecuencia de una denuncia presentada por Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, quien fue suspendido por un período de dos años.

En respuesta a la suspensión, la AFA ha manifestado su intención de apelar el fallo de la IGJ; sin embargo, el tiempo apremia y podría dificultar la posibilidad de llevar a cabo la asamblea programada para el próximo jueves. Cualquier resolución que se tome en la asamblea podría ser considerada nula por la Justicia, lo que limitaría la efectividad de las decisiones tomadas. Para los dirigentes del fútbol argentino, había una cierta expectativa respecto a la asamblea del 17 de octubre, ya que se contaba con que Claudio Chiqui Tapia sería reelegido como presidente de la AFA, dado que se había presentado únicamente su lista para las elecciones, las cuales estaban originalmente previstas para el año siguiente.

Además, uno de los puntos que se pretendía modificar en la asamblea era el artículo 35 del estatuto de la AFA, que estipula la cantidad de mandatos consecutivos que los integrantes del Comité Ejecutivo, incluido el presidente, pueden ocupar. Actualmente se permiten cuatro mandatos consecutivos y la intención era extender este límite a cinco.

El reclamo presentado por Andrés Fassi se centra en la existencia de lo que él considera una situación irregular. En su denuncia, se argumenta que las elecciones de la AFA se realizarían de forma extemporánea y prematura, y que todo el proceso se llevó a cabo de manera inconsulta, contraviniendo los propios estatutos de la AFA y la legislación vigente. 

En este contexto, el organismo que dirige Daniel Roque Vítolo, que es dependiente del gobierno nacional y se encarga del Registro Público de Comercio así como de los Registros de Asociaciones Civiles y Fundaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha decidido respaldar la postura del presidente de Talleres.`