El plan del Ejecutivo uruguayo para facilitar el levantamiento del secreto bancario ante la sospecha de hechos delictivos desató una gran polémica en el país, donde toda la oposición y varios ejecutivos de banca expresaron su oposición al proyecto.

La idea de permitir a la Dirección General Impositiva (DGI) solicitar a los jueces la apertura del secreto bancario ante "sospechas fundadas" de irregularidades fue anunciada ayer por el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, que la consideró "un paso para quitarle a Uruguay la etiqueta de paraíso fiscal impuesta por algunos países desarrollados".

Según el líder del Partido Nacional (Blanco), Luis Alberto Lacalle, estas medidas anunciadas por el Gobierno suponen "un cambio sustancial en la política económica" desarrollada por Uruguay en los últimos años. "Es una clara señal de un cambio y mucha gente pensará dos veces invertir aquí", apuntó.

Además, el ex presidente oriental enfatizó que "incluso el anterior gobierno del Frente Amplio se opuso firmemente a este tipo de medidas".

Por su parte, el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, dijo que esta norma "no defiende los intereses de los uruguayos" y que simplemente se limita a "aceptar la presión de los países ricos. Lo que quieren países como Argentina y Estados Unidos es que Uruguay les brinde información sobre la riqueza que está en el país", planteó sin sonrojarse.

Asimismo, ejecutivos bancarios consideraron que estos cambios van a traer "disconformidad y por otro lado va hacer que la gente empiece a perder la confianza que tiene en el sistema financiero uruguayo".

La norma anunciada ayer amplía a la Dirección General Impositiva (DGI) la capacidad de pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario de algún contribuyente mientras haya indicios de comportamiento ilícito, dijo Lorenzo.