Entre las empresas investigadas, que pueden ser excluidas de cualquier licitación pública si son halladas culpables de las irregularidades, se encuentran Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, y dos de sus subsidiarias: Odebrecht Óleo e Gás y Odebrecht Ambiental.

Además se abrió un proceso a Andrade Gutierrez, Alumni Engenharia, GDK, Promon Engenharia, Fidens Engenharia, y dos empresas del sector petrolero, Sanko Sider y SOG Óleo e Gás.

En diciembre la Contraloría abrió procesos contra las constructoras Camargo Correa, Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, Mendes Junior, OAS, Queiroz Galvão y UTC-Constran.

Las investigaciones continúan abiertas y la Contraloría no descarta que se abran procesos administrativos a otras compañías que tenían contratos fraudulentos con Petrobras.

Los procesos de la Contraloría pueden generarles a estas empresas la prohibición de firmar nuevos contratos en licitaciones públicas, además de la aplicación de multas y otras penas.

Esto podría dejar fuera del mercado a las cinco mayores constructoras de Brasil -Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvão-, que se suelen repartir la mayoría de las obras públicas del país.

Las investigaciones de la Policía se desarrollan desde hace cerca de un año y han encontrado indicios de que las constructoras llegaron a un acuerdo para elevar el precio de los contratos que firmaban con la petrolera, para repartir esos fondos entre ejecutivos de Petrobras y decenas de políticos.

Hasta ahora la Policía ha detenido a tres ex directivos de la petrolera y a un grupo de ejecutivos de estas grandes empresas.
El Tribunal Supremo también ordenó el viernes pasado abrir investigaciones a 49 políticos entre ellos 12 senadores, 22 diputados y 12 ex parlamentarios de cinco partidos, en su gran mayoría de la base oficialista.

La red de corrupción está enquistada en la petrolera desde hace más de una década y, según las investigaciones, se puede haber apropiado de decenas de millones de dólares.