María del Consuelo López Ramírez, jueza de primera instancia en materia penal y quien lleva el caso de Mora, reveló que la Fiscalía del estado acusó al líder civil, así como a 25 de sus hombres y una mujer, del delito de homicidio calificado.

La magistrada dijo que en el expediente están integradas fotografías y croquis de la zona del enfrentamiento como evidencia para sostener la acusación.

Alfredo Castillo, designado en enero pasado por el gobierno federal como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, había dicho días pasados que en el choque murieron cinco hombres de Mora, entre ellos su hijo Manuel, y seis personas más del grupo rival, encabezado por Luis Antonio Torres, alias El Americano.

Mora y su grupo fueron atacados el 16 de diciembre por hombres armados comandados por Torres en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán.

Hipólito Mora se entregó con 25 hombres y la mujer el pasado sábado, luego de asegurar que él y su grupo sólo dispararon al aire en respuesta al ataque.

Mora permanece con su grupo en el penal Mil Cumbres, en el municipio de Charo, donde esperará a que su abogado defensor Eduardo Quintero Madrigal aporte pruebas en su favor antes del mediodía del próximo sábado, cuando la jueza deberá iniciar un juicio o dejar en libertad a los detenidos.

De acuerdo con la jueza, Torres y sus hombres sólo están acusados de la muerte del hijo de Mora.

La oficina del comisionado Castillo informó que existen órdenes de aprehensión contra Torres y 25 de sus hombres, que en cualquier momento podrían ser detenidos por fuerzas federales y estatales.

Mora se levantó en armas el 24 de febrero de 2013 para combatir a la organización criminal de los Caballeros Templarios, dedicada a narcotráfico, homicidios, secuestros, extorsiones, abusos sexuales, robos y otros delitos.

Desde marzo pasado, Torres inició una disputa por el control absoluto de la región de Tierra Caliente después de integrarse al grupo de autodefensa de Mora y, finalmente, crear el suyo propio con narcotraficantes "arrepentidos", lo que provocó una ruptura entre ambos grupos civiles.

El 10 de mayo de 2014, el comisionado Castillo anunció la legalización de las autodefensas mediante su incorporación en la Fuerza Rural, una corporación policial creada específicamente con ese propósito.