En Chile, una verdadera caja de pandora se puede abrir por los vínculos de políticos con universidades privadas en nuestro país que obligaron a la renuncia del ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

El alto funcionario fue vinculado con el pago de sobornos para la acreditación fraudulenta de institutos técnicos y universidades.

El funcionario dijo que con su renuncia adquiere “plena libertad” para ejercer su “propia y rotunda defensa. He sido víctima de acusaciones tendenciosas, basadas en hechos inconexos, sin fundamentos o falsos, que buscaron asociarme injustamente a hechos reprochables”, adujo Ribera al presentar la renuncia.

Según investigaciones de prensa, como ministro de Justicia sugirió a la guardia de prisiones (Gendarmería) contratar para una millonaria consultoría a Luis Eugenio Mena, presidente del Consejo Nacional de Acreditación de la educación superior.

La investigación está vinculada a una serie de indagaciones por la obtención ilegal de lucro de parte de las universidades privadas, cuya normativa jurídica las obliga a reinvertir todas sus ganancias.

Desde 2011, cientos de miles de estudiantes exigieron en decenas de marchas el fin de estas operaciones de lucro, demandando una educación pública gratuita y de calidad.

Ahora, los estudiantes reclaman para que se continúen investigando los vínculos entre dirigentes políticos e instituciones educativas.