El macrojuicio por corrupción en que el está imputada la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI, y su esposo, Iñaki Urdangarin, comenzó hoy en la isla de Palma de Mallorca en medio de una gran expectativa mediática por el caso que indignó a la sociedad y manchó la credibilidad de la Corona española. La cita de Cristina de Borbón ante los tribunales es un hecho histórico, puesto que es la primera vez en democracia que un integrante de la Casa Real española se sienta en el banquillo de los acusados. 

La infanta, de 50 años, está imputada como cooperadora de dos delitos contra la Hacienda Pública (evasión fiscal) cometidos por su esposo en 2007 y 2008. El único querellante en su contra es el sindicato Manos Limpias, que ejerce de acusación popular y reclama para ella una pena de 8 años de prisión y multa de 2 millones de euros. 

En el juicio que enfrenta, el llamado "caso Nóos", están imputadas un total de 18 personas, presuntamente involucradas en el saqueo de más de 6 millones de euros públicos a través de una trama urdida por Urdangarín y su ex socio Diego Torres, quienes utilizaron las conexiones políticas de la realeza para adjudicarse negocios con administraciones que estaban en manos del conservador Partido Popular (PP) sin que mediara contrato alguno. Urdangarín, considerado como el "cerebro" de la trama, afronta un pedido de 19 años y medio de prisión. 

El ex jugador de handbol está acusado de delitos de prevaricato, fraude, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros. 
Tras casi cinco años de investigación, el juez instructor José Castro, concluyó que Urgangarin y su ex socio Diego Torres crearon la Fundación Nóos, una entidad deportiva supuestamente sin fines de lucro, con la intención de enriquecerse haciendo negocios con las administraciones públicas gracias a las influencias políticas de la Corona, a la que utilizaban como cobertura. Al menos un millón de los euros que se apropiaron fueron a parar a la empresa Aizzon, una "sociedad pantalla", ideada por la trama y que la infanta Cristina y su marido comparten al 50%. 

Durante la instrucción, el juez encontró "numerosos indicios" de que la infanta participó de los negocios ilegales de su esposo, pero la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado siempre defendieron su inocencia, lo que llevó a que la acusación en su contra quedara reducida al delito fiscal. Los procuradores, si bien sostienen que la hermana del rey tampoco es responsable de este delito, consideran que sí se benefició del dinero obtenido indebidamente por su marido. Por eso, le piden una multa millonaria.