Los abogados de la infanta, Miquel Roca y Jesús María Silva, insisten en que la infanta Cristina no participó en los negocios de su marido, el duque de Palma Iñaki Urdangarín, ni administró el patrimonio familiar, como sostiene el juez del caso de corrupción Nóos, el escándalo que sigue amenazando a la monarquía española.

"No contemplo la posibilidad de verla en el banquillo", afirmó hoy Roca, antes de presentar el recurso de apelación que puede evitar que la infanta Cristina se convierta en el primer integrante de la Corona española en ser juzgada por corrupción.

Tras investigar durante tres años los negocios del Urdangarín, el juez José Castro concluyó que la infanta debe ser juzgada junto a su marido porque existen "sobrados indicios" de que intervino lucrándose en su propio beneficio gracias a los negocios ilegales.

En su resolución, adoptada el 23 de junio, el magistrado asegura que la hija del abdicado rey Juan Carlos "intervino activamente en el vaciamiento de los fondos de Aizoon", la sociedad que comparte al 50% con Urdangarín y que éste utilizó para desviar fondos públicos que se apropió indebidamente a través del Instituto Nóos. 

Asimismo, el juez considera que la infanta cooperó de forma silenciosa con dos delitos fiscales cometidos por Urdangarín en 2007 y 2008.

Sin embargo, la defensa sostiene -en su escrito de apelación presentado hoy- que "no existe ningún indicio penal, testimonio directo ni dictamen tributario" que pueda sustentar las sospechas penales expresadas por el juez en sus conclusiones.

Es más, los letrados de la hermana del rey Felipe VI afirman que la propia instrucción judicial "acumula la mejor carga exculpatoria", porque "ni los peritos judiciales ni los testimonios recabados la señalan como implicada" en el manejo de fondos ni en la gestión directa de obras y compras, en referencia a las reformas del Palacio de Pedralbes, la residencia de los duques de Palma en Barcelona.

La defensa cuestiona que el juez centre la prueba "únicamente" en la declaración que realizó la infanta el pasado 8 de febrero y que haya considerado que su cliente no respondió prácticamente la totalidad de las preguntas.

"Muchas de las evasivas de Doña Cristina fueron propiciadas por el propio señor Juez, que insistió en preguntar decenas de veces sobre cuestiones de detalle pese a que mi defensa, ya al formularse la pregunta genérica, adelantó no conocer, no constarle o no recordar pormenores", sostienen los abogados en su recurso de apelación.

En aquella histórica declaración, la infanta Cristina se limitó a asegurar que "confiaba mucho" en su marido y que desconocía cuestiones relativas a la gestión de Aizoon y el Instituto Nóos.

En esa misma línea, sus letrados reiteraron que Cristina de Borbón delegó en su esposo la gestión de los bienes comunes y que no tenía conocimientos de derecho fiscal y tributario.

El juez cree que Aizoon fue creada y utilizada como sociedad pantalla para evadir y blanquear dinero gracias a que la Infanta era un "escudo" frente a los controles del Ministerio de Hacienda. 

Entre 2004 y 2007, el Instituto Nóos, una fundación deportiva sin fines de lucro creada por Urdangarin y su ex socio Diego Torres, recibió más de seis millones de euros de los gobiernos balear y valenciano, en manos del Partido Popular (PP), sin que mediara licitación alguna.

Cuando comenzó la investigación, Urdangarín y Torres se enfrentaron, y éste último terminó entregando al juez cientos de correos electrónicos que involucraban a la infanta y a la Corona española con las actividades del Instituto Nóos.

Pero la defensa de Cristina insiste en desvincular a la infanta y el resto del núcleo de la Familia Real.

La Fiscalía Anticorrupción, que siempre se opuso a la imputación de la infanta, también apeló la decisión del juez, cuestionando su imparcialidad en este caso, que ya generó un gran daño en la imagen y prestigio de la Corona, siendo uno de los detonante de la reciente abdicación del rey Juan Carlos y una amenaza para su sucesor, Felipe VI.