La Policía brasileña cumplió hoy dos órdenes de arresto contra implicados en el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que afecta al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, entre ellos la del principal ejecutivo de la constructora Galvao Engenharia. Las dos detenciones preventivas y una orden de allanamiento fueron expedidas por el juez federal penal de la ciudad de Curitiba responsable por el proceso, Sergio Moro, y ejecutadas esta madrugada por diez agentes en las ciudades de Río de Janeiro y San Pablo.

Los dos presos fueron identificados como Guilherme Esteves, acusado de distribuir recursos desviados de Petrobras entre los miembros de la red de corrupción, y Dário Queiroz Galvao, uno de los principales ejecutivos y propietarios de la constructora Galvao Engenharia. Esta empresa es una de las 23 constructoras acusadas de integrar el cartel que se distribuía los contratos de Petrobras a cambio del pago de sobornos.

La detención se produjo solo dos días después de que Galvao Engenharia se acogiese a la ley de protección de quiebras para intentar, con ayuda judicial, un alivio de los problemas financieros derivados de la suspensión de pagos de contratos de Petrobras. El proceso judicial comandado por Moro fue instaurado en marzo del año pasado para desmontar una red que manipulaba los contratos de la mayor empresa de Brasil con numerosas constructoras, elevaba artificialmente su valor y distribuía la diferencia en sobornos pagados a altos funcionarios de la estatal y a decenas de políticos que facilitaban los negocios ilegales.

Según las investigaciones, las corruptelas se extendieron por más de diez años, pudieron iniciarse en la década de 1990 y desviaron una cantidad no precisada de miles de millones de dólares. A lo largo de las investigaciones, fueron arrestados cinco ex altos cargos de la empresa y una decena de ejecutivos de importantes constructoras. Algunos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de penas y denunciaron unos 50 políticos que habrían permitido las ilegalidades, entre ellos los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.