Por primera vez en la larga historia de la monarquía española, un juez ha imputado a un miembro de la Familia Real, la infanta Cristina de Borbón y Grecia. La segunda hija de los reyes y séptima en la sucesión dinástica, ha sido imputada (sospechosa) por el juez que instruye los presuntos delitos de corrupción de su esposo, Iñaki Urdangarin, Duque de Palma.

La hija de los Reyes de España es imputada por “ cooperación necesaria y complicidad ” con las actuaciones de su esposo para beneficiarse de dineros públicos mediante el tráfico de influencias.

Su Alteza Real deberá declarar el 27 de abril por sus vínculos en dos de las empresas principales de la red acusada de graves delitos de apropiación de dineros públicos, el Instituto Noos de la que era miembro de su Junta Directiva, y Aizóon en la que la Infanta ostentaba la propiedad al 50% con Urdangarin. Después de su declaración, el magistrado debe decidir en los meses siguientes si se la procesa.

En una decisión de escasos antecedentes, la Fiscalía Anticorrupción recurrió al pedido del juez. La Casa Real emitió un contundente comunicado que revela una decisión de pasar a la ofensiva para defender a la Infanta.

Habla de sorpresa ante el cambio de la decisión del juez que previamente había desechado la imputación de la Infanta.

También se declara su “absoluta conformidad” con la decisión de la Fiscalía. Se trata de un claro apoyo del Rey a su hija y trascendió que ayer hubo reuniones para organizar equipos jurídicos y de comunicación para dar batalla.

La decisión judicial ha tenido un gran impacto en España, donde hace tiempo se debate el tema de la imputación a la infanta. La Casa Real reaccionó señalando que no comenta decisiones judiciales. Populares y socialistas manifestaron su respeto a la decisión del magistrado.

En su auto, el magistrado precisa 14 indicios que revelan el conocimiento de la infanta de que se utilizaba su condición para el tráfico de influencias. Entre ellos, el papel de Carlos García Revenga, el secretario a sueldo de las infantas Cristina y Elena en la Casa Real.

Además, también participaba como directivo y tesorero en el Instituto Noos donde se investiga la apropiación de más de 6,3 millones de euros de dineros públicos, parte de los cuales fueron a parar a Aizóon. García Revenga actuaba en la directiva del Instituto Nóos y está ya imputado.

El magistrado señala que “ la Infanta prestaba su consentimiento a que se utilizara su nombre, tratamiento (Infanta, Alteza Real) y cargo e incluso al hecho de que ella fuera socia copartícipe, junto a Urdangarin, de la entidad mercantil Aizóon”. Según el auto, el juez ve un “supuesto de cooperación necesaria (complicidad)” de la Infanta en los presuntos delitos de Urdangarin. El magistrado señala que “sí existen indicios de que prestó su consentimiento a que el parentesco con el Rey fuera utilizado”.