El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu desestimó el pedido de prisión incondicional realizado por la fuerza de centroderecha UPyD (Unión, Progreso y Democracia) al considerar que se trata de una medida desproporcionada.

Andreu, a cargo de la investigación del "caso Bankia", la fusión y salida a Bolsa de esta entidad financiera, también rechaza el pedido de una fianza de 4,1 millones a todos los imputados en el proceso, por entender que el partido de Rosa Díez, en tanto acusación popular –y no perjudicado directamente-, no tiene legitimidad para hacer la solicitud.

Además, el magistrado reprochó a la formación política su “afán de notoriedad” al hacer la solicitud en base a “meras hipótesis”.

En su escrito, el juez señala que la gravedad de los delitos que se le imputan al también ex ministro de Economía de José María Aznar “no puede, por si sola, amparar la adopción de una medida tan excepcional”.

También niega que exista “riesgo de fuga” ni “obstrucción a la acción de la Justicia”, como argumentó UPyD, que advirtió que Rato realizaba frecuentemente viajes a Suiza que podrían estar poniendo en riesgo el control judicial e incautación de su patrimonio.

El pedido tuvo lugar tras publicarse un informe pericial del Banco de España que reveló que bajo la dirección de Rato se realizó una operación de engaño, que incluyó el maquillaje de las cuentas de Bankia, para que la operación de salida a Bolsa, realizada a mitad de 2011, tuviera éxito.

La causa de Bankia es la mayor investigación contra directivos del sistema financiero español por su responsabilidad en la gestión de la crisis que tuvo como consecuencia la transferencia de enormes cantidades de recursos públicos a la banca, y cuyo costo el Ejecutivo de Mariano Rajoy sigue haciendo pagar a los ciudadanos con duros recortes.

Bankia surgió a principios de 2011 del proceso de fusión de Caja Madrid y Bancaja, -dos cajas de ahorro de comunidades gobernadas por el PP y que contaban con la mayor cantidad de activos tóxicos del sector inmobiliario-, y otras cinco entidades más pequeñas (Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja).

De la unión de estas cajas surgió el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), que acumuló los productos tóxicos, y de él se creó Bankia, una entidad que teóricamente concentraba el negocio rentable y que salió a Bolsa en plena tormenta financiera. Las dudas persistieron y Rato dejo su cargo, tras lo cual, la nueva dirección pidió la intervención del Estado español para evitar la quiebra de la entidad.

El agujero de Bankia era mucho mayor a lo que se había estipulado y necesitó más de 20.000 millones de euros de fondos públicos para su saneamiento.

Tres años después, salieron a la luz numerosas irregularidades en la gestión de la entidad financiera, entre ellas la existencia de “tarjetas negras” utilizadas por la cúpula de Bankia, por las que Rato y el también ex directivo de Caja Madrid, Miguel Blesa, están siendo investigados.

La investigación del fraude de Bankia fue posible gracias a la presión social y la querella iniciada por la plataforma 15MpaRato, surgida del movimiento de los indignados españoles, que aportó numerosa documentación crucial para el caso.